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La proposición de ley registrada esta mañana por el PSOE en el Congreso, con un paquete de medidas para tratar de acotar lo que el partido de Gobierno considera «el acoso derivado de las acciones judiciales abusivas» -en medio de las causas que afectan al ... entorno del presidente Sánchez-, anticipa una guerra argumental cuando el debate llegue a la Cámara baja y con independencia de cuál sea su desenlace.
Batalla que el PP ya anticipa al definir la iniciativa como una maniobra meramente destinada a «perseguir a quienes denuncian, investigan e informan» sobre la presunta corrupción que interpela al jefe del Ejecutivo y su partido, fruto de «la desesperación» en que se hallan los socialistas y una muesca más en «su estrategia de laminar el Poder Judicial». Los populares agitan la bandera de Venezuela para comparar implícitamente la actitud de Sánchez con las practicas autoritarias del régimen de Nicolás Maduro y vuelve a intentar hurgar en la herida de los socios de investidura, al señalarlos como «cómplices de esta deriva».
Donde los socialistas esgrimen, con su proposición de ley, un instrumento de amparo frente a las operaciones de «los ultras» con intencionalidad política ante los tribunales, la formación de Albert Núñez Feijóo ve esa justificación «directamente indecente» después de «haber guardado silencio respecto a la situación» en el país caribeño; y «bastante simbólico» que el mismo día en el que Maduro «pretende perpetuarse en el poder en contra de la ley», en puertas de la toma de posesión prevista en Caracas, «el Gobierno de España esté impulsando el control y el amedrentamiento de los jueces».
Ley de impunidad para la familia socialista.
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 10, 2025
La idea tuvo que venir en alguna de las maletas venezolanas.https://t.co/otxcYW6qb0
Ese es el objetivo que atribuyen en Génova a la proposición de ley, que plantea, entre otras cosas, acotar la acción popular ante los tribunales -los detonantes, por ejemplo, de las causas contra la mujer y el hermano de Sánchez han sido sendas denuncias del pseudosindicato Manos Limpias-, prohibiendo que la ejerzan los partidos políticos. Para el PP, la pretensión de Sánchez es, simplemente, «legislar para protegerse a sí mismo», combatir no la corrupción sino a quienes la judicializan e intentar desviar el foco calificando de «procesos abusivos» los sumarios abiertos cuando «lo que es abusivo es enchufar a hermanos, enriquecer a amigos, hacer negocio de ser la esposa del presidente del Gobierno y sacar por la puerta de atrás de la Administración miles de millones de euros en comisiones ilegales»; acusaciones con las que los populares dan por veraces imputaciones sujetas aún a instrucción judicial.
El partido de Feijóo, que redondea su ataque reprobando de nuevo al presidente que tenga «a su servicio» al fiscal general y a la Abogacía del Estado, incide para terminar en su estrategia de intentar horadar las posiciones de los socios de investidura. A ellos les recuerda que permitieron que la moción de censura contra Mariano Rajoy con el 'leit motiv' de responder a la corrupción, cuando Sánchez y los suyos «quieren acabar blindando por ley la suya». «Quien apoye iniciativas de esta índole será cómplice de esta deriva», señalan los populares.
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