El PSOE rechaza amnistiar el terrorismo pero invita a Junts a «seducir para convencer»

La nueva portavoz de la ejecutiva socialista, Esther Peña, evitó cerrar este lunes la puerta por completo a que se produzca algún tipo de acuerdo, quizá en forma de enmienda transaccional. El ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes y principal negociador del Ejecutivo, Félix Bolaños, ya remarcó la semana pasada que su intención era seguir «dialogando», pero también insistió en que lo haría siempre sobre la base de que «los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía». También el ministro de Transportes, Óscar Puente, desde este domingo reintegrado a la dirección del partido, rechazó la posibilidad de atender la más polémica de las enmiendas aún vivas y llegó a tildar de «línea roja» la amnistía del terrorismo.

En realidad, y a pesar de las dudas en el Ejecutivo sobre la posición que puede mantener al respecto la justicia europea, la proposición de ley en tramitación ya contempla que sean amnistiadas personas inmersas en causas de terrorismo, aunque excluye a aquellas sobre las que haya recaído sentencia firme. Que se incluyeran los supuestos de terrorismo fue una exigencia del independentismo para dar cobertura a los doce CDR procesados por la Audiencia Nacional o los investigados por 'Tsunami Democràtic', incluidos el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Es poco probable que el juicio contra ellos concluya antes de que esté aprobada la ley de amnistía, pero los independentistas catalanes no quieren dejar resquicios.

En un mensaje que sonó casi a un intento de lavarse las manos frente a unos socios que ya han dado buena muestra de su disposición a apretar las tuercas al Ejecutivo a la mínima ocasión, Peña remarcó que el PSOE negoció y logró hacer prosperar ya sus propias enmiendas hace unos días, e invitó a Junts a pelear por las suyas. «En el debate podremos hablar de toda circunstancia y hay muchos grupos políticos. Hay que llegar a una mayoría también en esta comisión; por lo tanto, la labor de seducir para convencer, en este caso -advirtió-, les toca a otros».

No es la primera vez, ni será la última, que el Gobierno se escuda en la necesidad de sumar a otras fuerzas políticas para dar largas a los postconvergentes. Después de haber salvado dos de sus primeros reales decretos leyes gracias, entre otras cosas, al compromiso de delegar a la Generalitat las competencias sobre inmigración, los socialistas avisaron de que el pacto solo podrá materializarse si se aprueba una ley orgánica que requiere el apoyo de todos los aliados parlamentarios; y hay varios, entre ellos Sumar, pero también ERC, que no parecen a gusto con la idea.

En su estreno en Ferraz -en realidad, reestreno porque ya fue portavoz del comité electoral del PSOE durante cuatro meses, antes de las autonómicas de 2019- Peña dejó claro aun así que la intención de su partido es seguir engrasando la relación con los de Puigdemont, con los que este mes debe celebrarse un nuevo encuentro en Ginebra al que el partido secesionista pretende llevar la negociación de un pacto fiscal y un referéndum de autodeterminación.

«Somos conscientes de que hay que superar el horizonte judicial. Hay que superar la crisis institucional que se produjo desde 2017, porque consideramos que estamos para ensanchar la democracia y la democracia -argumentó la dirigente socialista- es más completa si incorporamos a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017».