El pulso por la investidura en Venezuela pone a prueba a la diplomacia española

El candidato la oposición, Edmundo González Urrutia, asilado en España desde septiembre y reconocido vencedor de los comicios por el Congreso, el Senado y el Europarlamento, ha emprendido una gira por el continente americano en busca de escenificar apoyos –desde el argentino Javier Milei al presidente saliente de EE UU, Joe Biden– y mantiene la intención de acudir a la cita pese al elevado riesgo de ser detenido. El Gobierno de Caracas ya ha fijado una recompensa de 100.000 dólares por su captura. Una crisis de impacto internacional cuyo desenlace pone a prueba a la diplomacia española, que por ahora sigue manteniendo su posición ambigua pendiente de que se consensúe una nueva respuesta desde la UE, cuando solo quedan cinco días para la investidura.

«La postura no ha cambiado», se limitan a explicar las fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores consultadas por este periódico. Es decir, España mantiene como requisito para reconocer a González como presidente electo que se difundan las actas de todas las mesas de los comicios para que «la voluntad expresada por los venezolanos se conozca y se cumpla», como viene sosteniendo el ministro José Manuel Albares. Una condición que, como teme la oposición venezolana en España, sería «imposible» de cumplir ya que estos documentos habrían sido «destruidos» por el régimen chavista.

En ese contexto, y a escasos días de que se celebre la toma de posesión, no ha habido ningún anuncio sobre una decisión conjunta de los socios de la UE acerca de Venezuela. El Ejecutivo de Pedro Sánchez también evita liderar la postura de los 27 en un asunto espinoso y que ya ha provocado un roce diplomático con el chavismo, que mantiene detenidos a dos jóvenes bilbaínos acusados de espiar para el CNI y participar de un complot para asesinar a Maduro.

Todo ello con el telón del fondo del impreciso papel que desempeña el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, muy contestado por la oposición española. Moncloa tampoco ha informado sobre si enviará alguna representación a la toma de posesión, como suele ser tradicional cuando se trata de un dirigente latinoamericano. De hacerlo, reconocería explícitamente a Maduro como presidente legítimo, algo que la diplomacia española ha evitado.

Sobre el Ministerio de Exteriores pesa aún la losa del reconocimiento de Juan Guaidó en febrero de 2019 como «presidente encargado» de Venezuela para que convocara elecciones. Una etiqueta que, sin embargo, no logró ningún efecto para debilitar a Maduro y que acabó diluyéndose. El único país de la Unión Europea que, de momento, ha dado ese paso ha sido Italia, que también cuenta con un número significativo de ciudadanos venezolanos con origen transalpino. El 19 de diciembre, en un documento oficial, el Consejo Europeo se limitó a mostrar su «preocupación por la situación en Venezuela» y a exigir «la liberación de todos los presos políticos» junto a la reclamación de que el gobierno de Caracas «cumpla sus compromisos contraídos en virtud del Derecho internacional».

No es la única cuestión de calado que encara la diplomacia española en este inicio de 2025. La apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla con Marruecos, acordada hace casi tres años tras el encuentro entre el presidente Sánchez y el rey Mohamed VI con el que se dio carpetazo a la crisis bilateral, sigue pendiente mientras el Gobierno apunta –una vez más– a que «está cerca».

Un hecho no exento de polémica después de que el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del PP, se mostrara el jueves en contra de una aduana comercial con Marruecos en los términos en que cree que va a pactarse porque, según adujo, Melilla «perdería soberanía, sería considerada una ciudad marroquí más» y «va en prejuicio de los comerciantes españoles». Una crítica que la ministra de Defensa, Margarita Robles, soslayó al día siguiente, defendiendo que el Gobierno está trabajado por las dos ciudades autónomas como si fueran «una ciudad española más». En Exteriores se muestran cautos con los detalles de una negociación que ya en diciembre de 2023, cuando Sánchez visitó Rabat, se daba por ultimada y para la que ya no hacían falta «más proyectos piloto».

Otra negociación que se alarga es la del nuevo estatus de Gibraltar tras el 'brexit'. Hace cuatro años, en la Nochevieja de 2020, se esbozó 'in extremis' un documento de mínimos que ha estado rigiendo la relación fronteriza hasta ahora. La cuestión parecería estar zanjada antes de las elecciones europeas de junio del año pasado, pero la formación de la nueva Comisión Europea y la llegada de un nuevo Gobierno al número 10 de Downing Street –el encabezado por el laborista Keir Starmer– congelaron cualquier acuerdo.

En este comienzo de año, Madrid y Londres esperan retomar las conversaciones con el foco puesto en los asuntos más espinosos para dar tranquilidad a la población de la colonia británica y a los más de 15.000 trabajadores transfronterizos: el control del aeropuerto, el de la Verja y, en materia fiscal, la equiparación de las pensiones en una zona que ya se encuentra fuera del espacio Schengen.