Sánchez se aferra a la vacunación para levantar la alarma sin una alternativa jurídica

De haberse ceñido estrictamente al rendimiento de cuentas a cambio del que muchos grupos accedieron a regañadientes a aceptar un estado de alarma de seis meses, inusualmente largo para un instrumento que recorta derechos fundamentales, el jefe del Ejecutivo no habría tenido una sesión cómoda. La mayoría de los grupos dejaron este martes claros su resquemores ante su intención de dejar que el real decreto ley, que permitía a las comunidades autónomas limitar la movilidad nocturna o prohibir la entrada y salida de sus territorios, expire sin más.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, insistió en que habría que haber acometido ya una reforma de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 para permitir a los gobiernos autonómicos decretar confinamientos que vayan más allá de barrios o edificios. Pero también aliados de la investidura como EH-Bildu, Compromís o Más País y formaciones como el PDeCAT cuestionaron con rotundidad que vaya a ser posible hacer frente a la pandemia a partir del 10 de mayo si no hay una alternativa jurídica a la alarma.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, incluso dejó claro que su formación vincula la postura del presidente del Gobierno con la campaña para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y alegó, en Onda Cero, que «a partir del 5» debería tratar de acordarse una «solución puente» que permita a las autonomías actuar para evitar contagios hasta que llegue la ansiada inmunidad de rebaño. Pero, de momento, el Gobierno no se conmueve.

Sánchez -que, desde que empezó la campaña madrileña ha multiplicado su presencia ante los medios y volvió a comparecer este martes en la Moncloa por segunda vez en ocho días para hablar del plan de ayudas millonarias de la UE- insistió en que, a su juicio, las comunidades disponen ya de instrumentos suficientes para hacer frente al estadio actual de la pandemia. Y argumentó que para lo que han servido estos meses es para que en la Comisión Interterritorial de Salud se desarrolle «una política de cogobernanza más intensa», que ahora será muy útil.

En muchas comunidades sostienen que no pueden volver a estar al albur de lo que dictaminen los Tribunales Superiores de Justicia sobre las restriciones, como ocurrió antes de que se decretara el actual estado de alarma, porque eso restará eficacia y seguridad jurídica. Pero la tesis del Ejecutivo es que el escenario de mayo será mucho más manejable que el del otoño pasado, a pesar de en este momento se esté produciendo un incremento de contagios como consecuencia de la movilidad en Semana Santa.

El presidente defendió así que el proceso de vacunación va ahora muy rápido, que para la primera semana de mayo ya habrá cinco millones de personas inmunizadas (un 10,6% de la población) y que en la primera de junio serán diez millones. Y a pesar de confesar que desconocía que Estados Unidos había suspendido a esa hora la vacunación de la Janssen, en la que España confía para acelerar el ritmo de la recuperación, se mostró confiado en que podrá cumplirse el calendario.

En el Gobierno aseguran que están dispuestos a solicitar una prórroga si es necesario y las tasas de contagio lo exigen. Pero, de momento, el jefe del Ejecutivo prefiere mantener un discurso optimista, como ya ocurrió ante los procesos electorales en el País Vasco, Galicia o Cataluña. La estrategia está tan clara que, a pesar de que este martes el Consejo de Ministros no aprobó aún, como él mismo había anunciado la semana pasada, el plan de recuperación y de que solo recibió el visto bueno de la comisión interministerial creada para su análisis este miércoles lo defenderá igualmente ante la Cámara baja.

Algunos grupos ya advirtieron este martes de que no se dejarán arrastrar por el ardid y recordaron que también fue en la última comprecencia sobre el estado de alarma cuando Sánchez anunció ayudas a pymes y autónomos por 11.000 millones de euros que luego tardó semanas en concretar.