Sánchez busca dejar atrás el estruendo

Sánchez ha hecho lo posible por quitarse de encima en el mes de diciembre cuestiones que pudieran generar controversia. Ha dado por finiquitado el capítulo de cesiones a ERC con la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación y ha puesto fin a la tramitación de leyes como la 'trans' que ha sido una de las principales fuentes de roces con sus socios. A cinco meses para las autonómicas y municipales de mayo pretende centrarse en la economía y el reparto de fondos europeos. La política sin embargo no es una ciencia exacta y 2022 ha dado cuenta de ello. Ni un mes sin su sobresalto:

Yolanda Díaz y varios ministros socialistas se fajaron todo el mes para lograr el apoyo de sus aliados al acuerdo alcanzado con sindicatos y empresarios que, pese a modificar la reforma del PP, se quedó lejos de derogarla y dejó fuera dos asuntos básicos: la recuperación de las indemnizaciones de 45 días por despido o los salarios de tramitación. El 3 de febrero, la norma salió adelante gracias al error del diputado del PP Alberto Casero. Ni ERC ni Bildu ni el PNV la apoyaron.

La crisis del PP tampoco fue una buena noticia para Sánchez. Los barones populares sustituyeron a Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo rápidamente El tiempo ha rebajado el impacto de ese cambio de liderazgo en la intención de voto del primer partido de la oposición pero inicialmente los socialistas vieron cómo se les achicaba el espacio.

El estallido de la guerra en Ucrania disparó los precios de la energía y generó un clima de descontento que tuvo como exponente el paro del transporte. Alarmados, los socios urgieron a actuar ante un «momento de bifurcación de la legislatura». En paralelo, el giro en la tradicional posición española sobre el Sáhara Occidental abrió otro cisma. A final de mes, Sánchez logró el visto bueno de Bruselas a la 'excepción ibérica' y aplacó temores con su plan anticrisis. La herida del Sáhara siguió sangrando.

La publicación en 'The New Yorker' de una investigación que apuntaba a que sesenta independentistas habían sido espiados por el Gobierno con el programa israelí 'Pegasus' abrió otra brecha con los socios de Gobierno. ERC llegó a votar en contra del decreto anticrisis. Sánchez acabó entregándoles la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban.

Después de la Fiscalía del Supremo archivara la investigación sobre las finanzas de Juan Carlos I, este regresó a España desde Abu Dabi en una polémica visita que puso al Ejecutivo en una posición incómoda frente a sus aliados.

El 19 de junio el popular Juanma Moreno logró la mayoría absoluta en Andalucía, en la que se celebraban las últimas elecciones antes del ciclo de 2023. Los socialistas perdieron incluso en Sevilla, su último gran bastión. Señales de alarma en la Moncloa.

La cumbre de la OTAN, celebrada en junio, fue uno de los hitos del mandato de Sánchez pero su promesa de aumentar hasta el 2% el gasto en Defensa provocó uno de los choques más sonados en el Gobierno de coalición. Yolanda Díaz pidió una reunión de la comisión de seguimiento del pacto que nunca se produjo.

Las medidas anunciadas por Sánchez en su última comparecencia antes de las vacaciones de verano para ahorrar energía generaron enormes tensiones con las comunidades autónomas .

El PP abrió una espiral de rebaja fiscales a la que los barones socialistas encontraron difícil sustraerse. El Gobierno, con un discurso contrario a la deflactación del IRPF, se afanó en taponar la vía de agua. El mayor choque fue con el presidente valenciano, Ximo Puig. Hacienda contraatacó con el impuesto a las grandes fortunas, idea de Podemos.

La no renovación del CGPJ ha impregnado toda la legislatura, pero la crisis llegó a su punto álgido con la dimisión del presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Sánchez y Feijóo iniciaron una negociación que saltó por los aires tres semanas después. En otro ámbito, la histórica Carla Antonelli, anunció su salida del PSOE por los obstáculos de su partido a la 'ley trans', aprobada ya en diciembre con la abstención de la exvicepresidenta Carmen Calvo.

La derogación de la sedición para aliviar las penas del 'procés' fue el argumento del PP para no cerrar el pacto de la Justicia con el Gobierno. Pero esa reforma, unida a la rebaja de las penas por malversación, también levantó ampollas en el PSOE. El goteo de rebajas de condenas a agresores sexuales en aplicación de la 'ley del solo el sí es sí' y las investigaciones sobre la tragedia de junio en la valla de Melilla pusieron además contra las cuerdas a Irene Montero y Fernando Grande- Marlaska.

La guinda para un año convulso. En un hecho sin precedentes, el Constitucional aceptó a instancias del PP suspender la tramitación de la reforma legislativa que el Gobierno había colado como mera enmienda a otra ley para forzar ya el vuelco progresista del tribunal, obstaculizado por los conservadores. Tras llegar a negar la legitimidad del órgano, Sánchez acató la decisión.