Sánchez lleva al Congreso su plan de «regeneración» envuelto en incógnitas

El jefe del Ejecutivo planteó desde el primer momento que su intención es fundamentalmente implementar la ley europea de libertad de medios aprobada el pasado marzo, concebida en origen para proteger a la prensa de la influencia del poder político y fomentar el pluralismo en un contexto de auge de la extrema derecha, en el poder en varios países de la UE, y en el que Rusia busca desestabilizar, también con desinformación, a las democracias occidentales. La norma es un reglamento de obligado cumplimiento y no requiere transposición, pero los países miembros pueden desarrollar su propia legislación siempre en coherencia con ella.

Sin embargo, el modo en el que Sánchez se ha aproximado al asunto en los últimos meses, en los que se ha presentado como víctima de una campaña de acoso promovida desde la derecha para derribar al Gobierno con informaciones que afectan a su esposa o a su hermano –al que también investiga un juzgado de Badajoz a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, por malversación, tráfico de influencias y prevaricación– abre algunos interrogantes.

Hasta ahora, lo único que ha especificado es su intención de reformar la ley de publicidad institucional para condicionar la financiación a una mínima audiencia. «Hay medios que solo tienen recursos públicos, no lectores y eso pone en riesgo su independencia», dijo hace dos semanas en la Ser. También advirtió de que pretende modificar el derecho al honor y la rectificación. Sin mayoría parlamentaria suficiente, el Gobierno no tiene intención de presentar un proyecto propio, sino de entablar un diálogo con los socios que permita, en el mejor de los casos, registrar una serie de reformas legislativas en el Parlamento. Y algunos de ellos querrían ir más lejos de lo que a priori prevén los socialistas.

Si de lo que se trata es de ceñirse a lo fijado por la UE, los parámetros son claros. El reglamento, que entró en vigor en mayo y tendrá que estar operativo en los 27 para agosto de 2025, fue bien acogido por organizaciones como 'Reporteros sin fronteras' porque, entre otras cosas, obliga a los poderes públicos a respetar la libertad editorial de los medios, impide que los periodistas sean procesados por negarse a revelar sus fuentes y prohíbe que sean investigados mediante programas espías salvo bajo orden judicial y criterios concretos. Pero también impone obligaciones a las empresas periodísticas.

La norma exige a los medios hacer pública y accesible la información sobre la identidad de sus propietarios, pero también demanda a las administraciones que detallen en un informe anual los recursos públicos que se inyectan en ellos y que deberán responder a criterios «transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios». «La asignación opaca y sesgada de fondos es un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación», remarca el texto.

La ley insta igualmente a evitar las concentraciones en el mercado que puedan tener «repercusiones significativas sobre el pluralismo de los medios de información y la independencia judicial». Y subraya que la selección de cargos de dirección en los medios públicos debe responder a un proceso transparente y que éstos solo pueden ser despedidos o apartados bajo circunstancias regladas.

Lo que en ningún caso contempla son aspectos como los que plantea la proposición ley que ya registró Podemos hace un mes y que, entre otras cosas, pretende la creación de un consejo independiente de derecho a la información formado por 50 personas y elegido por sufragio universal que tendría entre sus funciones detectar noticias falsas y establecer multas que irían de los 1.000 a los 600.000 euros.