El Gobierno rectifica parcialmente y acepta que Sánchez rinda cuentas por la alarma bimestralmente

El gesto resulta insuficiente, sin embargo, para el Partido Popular, que insiste en que decretar seis meses de estado de alarma del tirón es inconstitucional. Pablo Casado ha reiterado esta mañana, durante la sesión de control al Ejecutivo, que la medida, restrictiva de derechos fundamentales, debería limitarse como mucho a ocho semanas; por una cuestión de seguridad jurídica pero también económica, para salvar la campaña de Navidad. Eso obligaría al Gobierno a someter una nueva eventual nueva prórroga a votación, algo que Sánchez desea ahorrarse para evitar las tensiones y el desgaste que ya sufrió en la primera ola de la pandemia.

El presidente del Gobierno ha tratado esta mañana de acallar los recelos tanto de los populares como de muchos de sus socios parlamentarios con otra propuesta. «Dentro de cuatro meses, si el Consejo Interterritorial de Salud en el que están representadas todas las comunidades autónomas estipula que no es necesaria la alarma, el Gobierno lo levantará; y si nos dice que tenemos que continuar otros dos meses, continuará hasta el 9 de mayo» , ha prometido.

En realidad, el Gobierno siempre ha dicho que el plazo de seis meses, al que aún se aferra, daba margen para luego ir regulando en función de las necesidades pero sus aliados parlamentarios le seguían echando en cara que no estuviera dispuesto a someterse al control parlamentario. El Ejecutivo alegaba, hasta ahora, que dado que el decreto delega en las comunidades la toma de medidas que, bajo el paraguas de la alarma, permitan controlar la pandemia, deberían ser sus presidentes quienes rindan cuenta en los Parlamentos autonómicos.