Sánchez ve peligrar su «gran acuerdo» frente a la guerra en Europa y en España

Pedro Sánchez afronta una de las semanas más complicadas desde su llegada al Gobierno. La gestión de la pandemia constituyó un reto que la respuesta de la Unión Europea, con la articulación de un sistema de compra conjunta de vacunas y la implementación de los fondos de recuperación, estaba ayudando a surfear. Pero ahora tiene que dar ahora réplica a un escenario de altísima inflación -«una máquina de devorar gobiernos por el enorme descontento que genera», admiten en el PSOE- y la hoja de ruta que se había marcado para hacerlo se tambalea.

Sánchez no logró el pasado viernes el apoyo del canciller alemán, Olaf Scholz, a la intervención del mercado de la energía que el jefe del Ejecutivo español sigue defendiendo, de cara al Consejo Europeo de este jueves y viernes, como la única solución capaz de producir un impacto suficiente sobre los precios y a la que supedita cualquier iniciativa en el ámbito interno. Este lunes, se reunió en París con Emmanuel Macron, que en octubre apoyó esa reforma pero al que el presidente quería convencer de impulsar la constucción del gasoducto Midcat en los Pirineos. Nada se dijo ni en la comparecencia conjunta ni en el comunicado posterior de Moncloa sobre este asunto, en una jornada rematada con sendas citas con los responsables de la Comisión y del Consejo. Y ahora, a los recelos europeos, hay que unir que el inesperado giro a la histórica posición en el contencioso del Sáhara Occidental ha enrarecido el clima político en España justo cuando el presidente aseguraba querer ahormar un «gran acuerdo de país».

El controvertido viraje, anunciado el pasado viernes por Marruecos con una carta de Sánchez a Mohamed VI cuyo contenido íntegro el Gobierno no facilita, provocó tanto la sorpresa como el enfado de los socios de coalición, del principal partido de la oposición y de los aliados de la investidura a los el presidente ha venido reclamando colaboración y lealtad institucional para dar respuesta a las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Ucrania.

En el PSOE existe una genuina preocupación por lo explosivo del momento, ya visualizado en el paro de transportistas que ha obligado a suspender la actividad de numerosas empresas de distintos sectores - automoción, metalurgia o alimentación- afectadas de antemano por el encarecimiento de las materias primas, de la electricidad, de los combustibles y por los problemas de suministro en el comercio internacional. Un descontento plasmado también en la masiva manifestación del mundo rural del domingo, en la que los socialistas aprecian una «piedra de toque» del malestar de la España periférica.

Está aún por ver en qué medida el asunto del Sáhara se lleva por delante las posibilidades de ese entendimiento transversal que el Ejecutivo quiere ampliar también a los agentes sociales y las comunidades autónomas, con los que este lunes celebró sendos encuentros. Por lo pronto, el líder 'in pectore' del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó este lunes a Sánchez -que este miércoles viajará a Ceuta y Melilla- de gobernar como un «déspota» y once grupos parlamentarios pidieron su comparecencia en el Congreso. Unidas Podemos no romperá el Gobierno, pero incrementará la presión para imponer sus medidas, alejadas de las rebajas fiscales que demandan los populares y centradas en el refuerzo del 'escudo social' puesto en marcha en la pandemia.

El socio minoritario del Gobierno recelaba ya de antemano de un plan que pudiera diluir el peso del llamado bloque de investidura. Fuentes del PSOE aseguraban, sin embargo y hace apenas cuatro días, que mantendrían la posición y que pelearían por el entendimiento con los populares porque el momento es de extrema gravedad. «Estamos a las puertas de una tercera guerra mundial», advertían incluso. Su idea es que esta nueva crisis será larga y que, probablemente, habrá que acabar tomando medidas dejando a un lado el «sesgo ideológico», como ya se hizo con el envío de armamento a Ucrania o el compromiso de ampliar el presupuesto de Defensa.

El Gobierno confía ahora en reconducir la situación y asegura que Argelia no interrumpirá el suministro de gas, del que España es altamente dependiente.