Feijóo hablará con Sánchez pero avisa de que no «blanqueará» sus cesiones a Junts y ERC

Feijóo ya dejó claro la víspera, durante la celebración del Día de la Constitución en el Congreso, que si el jefe del Ejecutivo lo llama acudirá a la cita, pero también evidenció que el clima no es precisamente el más propicio para un entendimiento. La amnistía a los encausados del 'procés', justificada por Sánchez como una forma de frenar a la «derecha reaccionaria», se ha convertido en un disolvente para cualquier pacto entre los dos grandes partidos. El PP no ve fácil siquiera la reforma del artículo 49 de la Carta Magna pese a compartir su necesidad. Quiere garantías de que los socios de Sánchez no aprovecharán para exigir que el cambio se valide mediante un referéndum (basta con que lo requiera una décima parte del Congreso o del Senado) y abrir un debate más general.

Gamarra también descartó que tengan que ser PSOE y PP quienes hablen de la reforma de la financiación autonómica, pendiente desde 2014, e instó al Gobierno a llevar el asunto al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de coordinación interterritorial en el que siempre se ha abordado el asunto. Los socialistas son plenamente conscientes de que el melón de la financiación genera alianzas y enfrentamientos transversales entre los territorios, al margen de colores políticos, y ahora que los populares gobiernan en doce de las diecisiete comunidades autónomas, creen que el debate puede abrir grietas en un bloque que Génova contempla como ariete en su estrategia de oposición.

De momento, el pacto de investidura con ERC, por el que el Ejecutivo se comprometió a condonar el 20% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica a Cataluña ha puesto a los gobiernos populares en pie de guerra pese a la promesa de que la medida se podrá extender, en distintos porcentajes, a todas las comunidades autónomas.

El gran caballo de batalla del Gobierno es, en todo caso, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Ejecutivo cree que la presión de la Comisión Europea puede ayudar a mover al PP de sus posiciones. Pero el principal partido de la oposición insiste en que si el PSOE no se compromete a tramitar en paralelo una reforma para que sean los propios jueces los que elijan a doce de los veinte vocales del órgano, como también lleva tiempo recomendando Bruselas, no habrá acuerdo. «No vamos a cambiar de opinión», avisó Gamarra.

Sánchez alegó el miércoles que no hay mayoría parlamentaria para acometer esa reforma. El PP replica que la hay si el PSOE hace como hizo con la amnistía y decide apoyarla después de años de negar su viabilidad. Los socialistas esgrimen que la diferencia es que renovar el CGPJ es una obligación constitucional y que un partido que «se da golpes de pecho» defendiendo la Carta Magna no puede condicionar su cumplimiento a nada. El presidente volvió incluso a lanzar ayer, en Antena 3, una acusación de 'lawfare' contra Feijóo. «No hay mayor politización de la justicia que llevar cinco años bloqueando la renovación del poder judicial por no querer reconocer el resultado electoral», recriminó.

El jefe del Ejecutivo también cuestionó, una vez más, que la oposición del PP a la amnistía obedezca a una cuestión de principios. Llegó a asegurar que está «persuadido» de que si no hubiera dependido de Vox y hubiera necesitado el apoyo de Junts, Feijóo habría hecho lo mismo que él. Y frente a las acusaciones por su intento de «colonizar» las instituciones recordó que el expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes, fue alto cargo en el Gobierno de Aznar y el magistrado del Tribunal Constitucional Andrés Ollero, diputado del PP.