Ni las advertencias del juez Pablo Llarena de que la reforma penal realizada por el Gobierno de la mano de Esquerra crea un escenario “cercano a la despenalización” para hechos como el ‘procés’ ni el hecho de que el Tribunal Supremo alertara este lunes, en el auto de revisión de las condenas a los principales responsables de aquel amago independentista, de que la derogación de la sedición ha abierto un espacio en el que conductas de esa misma naturaleza pueden quedar “impunes” han hecho la más mínima mella en Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno afirmó hoy que respeta las decisiones judiciales, pero reivindicó su concesiones al independentismo.
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Sánchez, de gira por Austria, Eslovenia y Croacia dentro de los trabajos preparatorios de la próxima presidencia española de la UE, defendió que su política “está causando mucho bien a Cataluña y a España” y se vanaglorio de que, entre otras cosas, haya ayudado a romper la “dinámica de bloques” que llevaban años padeciendo los catalanes, como ha puesto de manifiesto el reciente acuerdo presupuestario alcanzado por ERC y el PSC tras la salida de Junts de la Generalitat el pasado octubre. “Esto es bueno -arguyó-; la sociedad ha decidido pasar página de la situación que vivimos en 2017”.
“Nosotros -insistió además el mismo día en el que la Fiscalía ha solicitado siete años de cárcel por desobediencia, prevaricación y malversación para los exaltos cargos de la consellería de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó - vamos a seguir haciendo una apuesta por el diálogo, el acuerdo y la convivencia”. En el Gobierno confían en que decisiones como esta última no empañen sus relaciones con la Generalitat ni provoquen pasos atrás que deriven en una vuelta a la ‘vía unilateral’ del independentismo. De momento, ERC ha centrado sus críticas de forma casi exclusiva en los tribunales. “Saben -alegan fuentes gubernamentales- que nosotros hemos hecho lo que hemos podido”.
En su discurso público, el Gobierno es en todo caso ambivalente. A pesar de que es evidente que la Justicia ha desbaratado la la hoja de ruta pactada con el partido de Pere Aragonès y Oriol Junqueras, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, volvió a argumentar hoy que lo que está quedando demostrado es lo que el Gobierno siempre sostuvo frente a las críticas del PP, que “los hechos de 2017 siguen siendo delito”.
Tanto Llarena como el alto tribunal entienden que el nuevo tipo penal que venía a sustituir al derogado delito de sedición para “homologarlo” a otras legislaciones europeas, el de desórdenes agravados, no encaja en las conductas del ‘procés’. Pero paradójicamente, el Ejecutivo se aferra ahora a que los jueces tampoco ven de aplicación el tipo atenuado de malversación introducido en el Código Penal por deseo expreso de Esquerra para negar que el Estado haya quedado desprotegido. Es un mensaje con el que aspira a contrarrestar el desgaste que todo este asunto le ha generado fuera de Cataluña a solo cien días para las elecciones para las elecciones autonómicas y municipales.
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