Sánchez se sacude ahora las prisas

Una parte, no menor, de la complejidad del acuerdo que se persigue reside en que Sánchez no busca solo superar el debate de investidura, sino garantías de que los grupos políticos con los que tiene intención de fotografiarse y mantener al menos un encuentro personal esta semana -todos, excluido Vox e incluido Bildu, lo que ya marca una diferencia sustancial respecto a la consideración que hace tan solo cuatro años tenían los socialistas de la formación que lidera Arnaldo Otegi- le sostendrán durante otros cuatro años.

Los socialistas siempre han dado por hecho que el entendimiento con quienes fueron sus socios en la pasada legislatura sería relativamente fácil. Tanto que, en las últimas semanas, en las que sí han mantenido contactos discretos con los secesionistas catalanes y singularmente con Junts, apenas han dedicado tiempo a sondear las condiciones del resto. «Es la parte fácil -alegaban en la Moncloa-; con ellos tenemos un rodaje de cinco años». También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, justificó esa estrategia hace apenas diez días. «Hemos hablado poquito porque primero hay algún otro que tiene que mover ficha -reconoció en alusión a Carles Puigdemont-. Esa negociación es la más difícil; nosotros ya nos conocemos bastante e iremos avanzando».

Este martes, sin embargo, Sánchez y Yolanda Díaz se dieron hasta final de mes para amarrar el que debería ser el programa de su futura coalición gubernamental; el mismo que luego el PSOE tiene obligación de someter al criterio de toda la militancia en una consulta que ha de producirse antes de que Sánchez lo lleve a la Cámara.

Fuentes de ambos partidos matizan que no tienen por qué agotar ese plazo, pero el hecho de que lo fijaran ya refleja que se han recalibrado los tiempos con los que se trabajaba inicialmente. Algunos en el PSOE llegaron a apuntar a la tercera semana de octubre como fecha posible para la investidura.

En el grupo parlamentario socialista, con escasa información sobre unas conversaciones que el presidente ha delegado -comité negociador formal al margen- en Bolaños, la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización, Santos Cerdán, dan por sentado que en realidad la razón por la que se ha levantado el pie del acelerador sigue estando relacionada con las dificultades para terminar de aterrizar un pacto con Junts.

Sánchez dio señales hace dos días de que la negociación va madurando, algo que ratifican en su entorno, al referirse, por primera vez sin eufemismos, a la amnistía como «una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales de la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la democracia»; lo que llevan años reclamando Junts y ERC y, hasta hace solo dos meses, rechazaba el PSOE por inconstitucional. Lo hizo, además y en un detalle no menor, en una rueda de prensa en Granada junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo también puso una salvaguarda -«No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado», dijo- y se cuidó de concretar cuál es exactamente su propuesta. Solo se desvinculó de la que presentará Sumar el martes y que, entre otras cosas, plantea exonerar todas las acciones tipificadas como «infracción penal o administrativa» cometidas desde 2013, o sea, ya con Artur Mas al frente de la Generalitat, para lograr la independencia. Ante el riesgo de que la negociación acabe descarrilando y haya que ir a elecciones, los socialistas prefieren no ser todavía muy explícitos.

El optimismo no oculta que hay factores que escapan a su control. Saben que la necesidad de ERC de escenificar que también es trascendente puede elevar el precio hasta hacerlo inasumible, como se vio hace diez días cuando los republicanos y los postconvergentes pactaron una resolución que supeditaba la investidura a que se den pasos para facilitar un referéndum. Por el camino se ha colado también la consulta que el Consell de la República, la organización presidida por Puigdemont y erigida en «autoridad nacional catalana», celebrará entre el 17 y el 23 sobre si debe «bloquearse» la formación de Gobierno.

La dificultad no está solo en sellar un pacto. Una y otra parte tienen además que explicarlo a sus bases electorales y eso no es sencillo en el caso de Sánchez -que no solo tiene que neutralizar las críticas de la oposición sino también el rechazo que la amnistía suscrita en sus filas, esencialmente, entre los históricos del partido- pero tampoco en el de Puigdemont, que ha hecho de la confrontación con el Estado su 'leit motiv' durante los últimos seis años, en los que ha permanecido prófugo de la justicia.