El PSOE intenta engrasar relaciones con Junts tras la crítica negociación de los decretos leyes

Un actor fundamental para la tarea será el secretario de Organización, Santos Cerdán, clave ya durante la negociación de la investidura y enviado a Ginebra para la primera reunión mensual con Carles Puigdemont y el mediador internacional el pasado diciembre. Este mes está prevista la segunda cita, en la que Junts pretende empezar a negociar ya, sin dilación y con todas las consecuencias, un referéndum de autodeterminación y un pacto fiscal. Pero antes, Cerdán tiene intención de reunirse este miércoles en el Congreso con el secretario general de los postconvergentes, Jordi Turull.

Los socialistas defienden que este tipo de citas van a ser tan frecuentes esta legislatura que ni siquiera deberían tener relevancia informativa. Pero lo siguen siendo porque Junts no es un partido cualquiera. En una entrevista en RNE, Sánchez defendió que debería entenderse como una «buena noticia» que, «como Bildu la legislatura pasada», la formación independentista catalana haya pasado a tener «posiciones constructivas» para la gobernabildidad. Sin embargo, ni siquiera sus socios de Sumar comparten esa lectura optimista.

El ministro de Cultura y portavoz de la formación, Ernest Urtasun, fue muy contundente al advertir de que negociaciones como la vivida la semana pasada «no se pueden volver a repetir». En el último segundo y después de semanas amenazando con infligir una severa derrota al Ejecutivo en el primer gran pleno de la legislatura, Junts permitió salvar los muebles con una abstención a cambio de media docena de concesiones del PSOE; la más polémica y que aún colea, la cesión de las competencias sobre inmigración. «Estamos dispuestos a discutir la distribución de políticas migratorias, pero este tipo de acuerdos no pueden producirse cuando algunos - recriminó Urtasun en clara alusión a los de Puigdemont- quieren alentar discursos xenófobos. La política migratoria debe ordenarse bien, no se puede pactar sobre la bocina para sacar adelante otro decreto».

La inmediata prueba de fuego para el Gobierno serán los Presupuestos, que Montero prevé tener aprobados en abril. En el PSOE sostienen que el texto -cuya tramitación coincidirá, al menos parcialmente, con la de la ley de amnistía- se trabajará mucho de antemano con los aliados parlamentarios para no dar pie a episodios como el de la pasada semana. Aun así, Turull lanzó una advertencia. No marcó plazos, pero vaticinó que Sánchez acabará aceptando un referéndum y avanzó cuáles serán las consecuencias si no es así. «Colorín colorado», dijo.

Por el camino, queda el asunto de las competencias sobre inmigración. El número dos de Junts reconoció que, en realidad, el contenido de la futura ley orgánica por la que se delegarán a Cataluña no se pactó el pasado miércoles. Pero las declaraciones de unos y otros abonan el terreno al choque.

Los postconvergentes aspiran a que la Generalitat -gobernada ahora por ERC-pueda decidir sobre flujos migratorios y sobre expulsión de reincidentes. En la nota en la que explicaron el acuerdo alcanzado con el PSOE, Junts decía que el objetivo era fijar una «política propia, adecuada a las necesidades y la realidad» de Cataluña. Sánchez, sin embargo, insistió en que el Estado no cederá nunca ni el control de las fronteras ni la lucha contra la inmigración irregular. Llegar a un entendimiento llevará tiempo.

Entre los socialistas y los de Puigdemont pesa todavía una gran desconfianza. En Junts recelan sobre todo del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Pero, Turull reconoció hace semanas su sintonía con Cerdán. De ahí que el encuentro del miércoles resulte importante. «A veces -dijo el dos de la formación independentista-, encuentras interlocutores con quienes puedes hablar de forma honesta y ponerte a ello».