El Senado plantea un choque con el Congreso y el Gobierno por la ley estrella de Bolaños

El primer partido de la oposición argumenta su decisión en que la norma fue aprobada en las Cortes sin recoger los complementos salariales de un subgrupo y un grupo de jueces. A pesar de ello, el ministro Bolaños y la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, sí lo incluyeron días después en el BOE y el BOCG utilizando la vía de la corrección de errores permitida solo para las modificaciones ortográficas y no para una modificación sustantiva de la ley. «Solo una ley pude modificar otra», denuncian desde el grupo popular en el Senado.

«Esta es una muestra más del intento de Sánchez de gobernar a espaldas del Parlamento», afirmó este martes la portavoz del PP, Alicia García, tras la reunión de la Junta de Portavoces. Denunció nuevamente las tácticas «fraudulentas» que emplea el Gobierno para legislar modificando en este caso un texto diferente respecto a lo aprobado en el Parlamento utilizando, «de forma irregular», la corrección de errores porque «no corregía ningún error técnico, terminológico o gramatical», sino una modificación sustantiva de la ley. Una vía que aplicaron también, denunció la senadora popular, para «falsear» tres textos oficiales: los que afectan al Informe de la ponencia, al dictamen de la comisión de Justicia del Congreso, y al texto legal votado por los diputados en el pleno.

En el caso de que finalmente el Congreso y el Gobierno desoigan este requerimiento oficial, el PP ha adelantado su intención de hacer uso de su mayoría absoluta y plantear «un conflicto de atribuciones» que podría acabar resolviendo el Tribunal Constitucional. Sería el tercer conflicto de competencias que presenta el Senado contra la Cámara baja en lo que va de legislatura.

El primero choque institucional fue impulsado por los conservadores a colación de la ley de amnistía, aunque finalmente decidieron dejar sin efecto esta medida y no lo elevaron al tribunal de garantías. Sin embargo, los de Feijóo sí que optaron por seguir adelante con este choque institucional en el caso de la conocida como 'ley Txapote'. El presidente del Senado, Pedro Rollán, acusó de «arbitrariedad» y de «invasión competencial» a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, al dar por aprobada una ley que beneficiaba a presos de ETA sometiéndose a las «instrucciones» del Gobierno