Absolución legal

La Audiencia Nacional absolvió ayer a Rodrigo Rato y a los otros treinta y tres procesados por la salida a Bolsa de Bankia, negando que hubiesen incurrido en los delitos de falsedad de cuentas y estafa. La sentencia echa abajo las acusaciones de la Fiscalía, ... alegando que la operación fue validada por las entidades reguladoras –Banco de España, CNMV, FROB y EBA–, que el folleto exponía los riesgos que podrían correr quienes adquiriesen acciones de BFA-Bankia, que no hubo unas cuentas de 2011 propiamente dichas en tanto que auditadas y aprobadas internamente, y que tampoco se sustanciaron actos delictivos sino referencias genéricas a la conducta de algunos de los acusados. La absolución pudo sorprender ayer a una opinión pública que había asistido a la gestación del nuevo banco, a su debacle inmediata y al rescate posterior de la heredera de Caja Madrid con no poco disgusto. La presunción ciudadana de que lo ocurrido respondía a una actuación negligente o abusiva por parte de los responsables de Bankia pudo encontrar en las imputaciones presentadas por el Ministerio Público la apariencia de una culpabilidad segura. Del mismo modo que pudo llevar a la Fiscalía a dar por supuesta la falsedad en las cuentas, el ánimo de engaño y la existencia de un dolo colectivo que no vio necesidad de detallar a modo de hechos probados. De la sentencia se deduce que el tribunal sitúa la actuación de Rodrigo Rato y de los demás acusados en línea con los propósitos que en aquellos momentos perseguían las instituciones de gobierno del país respecto a las cajas de ahorros y a las entidades resultantes de su obligada fusión. Parece evidente que las expectativas alentadas en torno a la salida a Bolsa de Bankia y la propia campaña publicitaria que animó a la adquisición de sus acciones eludían la arriesgada situación en que se encontraba el nuevo banco. Recuérdese que las cuentas anuales no formalizadas del ejercicio 2011 consignaron un beneficio de 309 millones, mientras que después pasaron a reconocer 3.030 millones en pérdidas. Las absoluciones de la Audiencia Nacional se atienen sin duda a derecho, aunque chocan con la decisión del Supremo en el proceso civil que obligó a Bankia a devolver el dinero invertido a los pequeños accionistas. Pero su lectura invita al legislador y a los organismos reguladores a reflexionar sobre qué aspectos de la legalidad vigente convendría mejorar para impedir equívocos en cuanto a la licitud o no de determinadas prácticas en el sistema financiero.