El incomprensible lenguaje administrativo

Hace ya algún tiempo vengo constatando el interés en la informatización de las relaciones entre administración y administrado, comprobando la ineficiencia de muchos de los procesos implementados y las dificultades de su aplicación que, además, llevaban a resultados contrarios a los deseados o generan gastos inasumibles a los afectados, como es el caso de medidas relacionadas con la protección ambiental o la misma aplicación de la PAC en áreas geográficas con modelos agrarios de subsistencia o complementarios, como ocurre en muchos sitios de la llamada 'España vaciada'.

A tenor de esto, recordaba una anécdota de un eminente administrativista, que ha sido una referencia internacional, cuando, en sus inicios profesionales, le mostró a su maestro un texto de ley que había redactado; tras leerlo, su reconocido maestro, le recomendó que, como estaba excesivamente claro y lo podía entender todo el mundo, oscureciera el texto de la ley para permitir una interpretación de la misma más abierta. La verdad es que, en la España actual, en lo que atiende a las regulaciones legales, siempre se han tratado de oscurecer los textos para dificultar su interpretación o se establecen contradicciones que generan efectos perversos.

Esta realidad de cierta ambigüedad de las determinaciones regulatorias, nos abocan a situaciones paradójicas e incluso conflictivas, como es el caso de la propuesta de Ley Orgánica presentada por PSOE y Junts, para delegar competencias en inmigración a la Generalidad de Cataluña. Sin entrar a valorar otras implicaciones, que son muchas y graves; a la luz de los artículos 149 y 150 de la Constitución Española parece claro que es posible delegar competencias en materias exclusivas del Estado y no es posible ceder esas mismas competencias. Claro que, conforme al pacto establecido entre ambos partidos, para los de Junts esto es cesión y para los del PSOE es delegación. En cualquier caso, el conflicto está servido y una vez mas se muestra la debilidad del texto constitucional y la posibilidad de ajustar conforme a decisiones políticas las regulaciones legales, como ocurre con el Tribunal Constitucional.

Es ante estas situaciones donde se prueba la capacidad política de los partidos, su nivel de comprensión de la realidad social que representan e incluso de su habilidad en la lucha frente a sus adversarios ideológicos. Es por ello muy importante valorar las decisiones políticas, pues una decisión inadecuada de la mayoría de la oposición, en un tema como la proposición de una ley como la señalada anteriormente, puede generar un efecto de consolidación de las decisiones políticas propuestas por el Gobierno…y no estamos para experimentos ni errores.