Camanduleros y camanduleo

«Esta realidad de disfrazar como ayuda humanitaria lo que es financiar intervenciones políticas, ideológicas o realidades personales, es muy común en las instituciones del Estado español»

Andrés García-Lorca

Catedrático de Universidad en el Área de Análisis Geográfico y Regional

Sábado, 8 de febrero 2025, 23:53

Hay un adjetivo en la lengua española, que se puede utilizar como sustantivo, con una fuerza de significación extraordinaria como es el término camandulero y con el que se designa, según la RAE, a la persona que es hipócrita, astuto, embustero, farsante y bellaco. Es ... el típico caso del fingidor que se reviste de bondad, patriotismo, honestidad o cualesquiera otras virtudes para alcanzar un fin determinado y a su conveniencia; pero es solo pura apariencia, no hay nada de verdad en él y ni le importa, solo le interesa lograr sus objetivos. Es un personaje que, en la España actual, es muy recurrente en la esfera de la política y aunque no es necesario apuntar nombres para identificarlos, los solemos tener presentes por sus manifestaciones como es el caso de los ministros buleros.

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En el plano de las relaciones sociales quotidianas, cuando se detecta a uno de estos personajes se les aísla o cuanto menos se pone tierra de por medio ,para evitar caer en sus trampas en un momento de debilidad o compasión personal. El problema es cuando esto personajes tienen el poder del control social y la potestad suficiente para imponer su criterio, lo cual es sumamente peligroso, dado que, como señalara Esopo en el siglo VI a.C. en la fábula del escorpión y la rana, siempre prevalecerá su naturaleza y en el caso que nos ocupa también dañará, pero no clavando el aguijón claramente, sino con el subterfugio de la simulación u ocultación de la verdadera intención aunque el efecto sea el mismo. Es el caso de proyectos de ley como la discutida ley «ómnibus», hoy «microbús», por situar un ejemplo reciente, en cuyo trámite hemos comprobado cómo se trata de imponer normas legales de dudosa justicia, anunciando que tratan de establecer normas para solucionar situaciones de extrema necesidad, como las pensiones o la ayudas a los afectados valencianos. Todo un trágala, a la vez que una trampa saducea, que se ha evidenciado al negarse los separatistas catalanes, no por el bien general sino para obtener ventajas.

En la América Hispana se utiliza una palabra derivada para significar ese fingimiento hipócrita que lleva al engaño como es camanduleo. Realmente es un problema que se ha instalado en organismos e instituciones nacionales e internacionales a escala planetaria y que empieza a aflorar en estos días en casos muy relevantes como ha ocurrido con USAID, la agencia norteamericana para ayuda al desarrollo, que ha destapado el equipo de E. Musk en sus inspecciones sobre el uso de fondos federales para valorar su eficacia y si cumple con los objetivos previstos en su aplicación. La sorpresa ha sido enorme, tanto por la opacidad de su gestión como por el destino de los fondos, pues se ha evidenciado que no cumplía con los objetivos para el desarrollo humano y social de las comunidades más deprimidas de los países de Iberoamérica, sino que más bien se dedicaban a financiar actividades de intervención ideológica de ONG radicales vinculadas a los movimientos de izquierda, al castrismo y a colectivos LGTBI, en vez de ayudar a los necesitados verdaderos, como así lo ha denunciado también el presidente de El Salvador N. Bukele o se ha evidenciado en Perú, con casos tan conspicuos como financiar, con miles de dólares, la publicación de cómics para el consumo de los transexuales.

Esta realidad de disfrazar como ayuda humanitaria lo que es financiar intervenciones políticas, ideológicas o realidades personales, es muy común en las instituciones del Estado español. Independientemente de otras consideraciones, suponen un gasto ineficiente y en muchos casos, contrarios al interés general de la ciudadanía que es la que, con su trabajo y esfuerzo, produce el dinero del presupuesto que administran las instituciones del Estado, incluidas las comunidades autónomas y las administraciones locales, para la justa distribución de la riqueza y la prestación de servicios.

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