Del castellano como tesoro al menosprecio de su función vehicular

El uso del catalán hace tiempo que está normalizado. Basta con ver el anuario publicado por el Instituto de Estadística de Cataluña. El porcentaje de población que habla, entiende, lee y escribe el catalán es muy elevado, aunque sea mayor el porcentaje de los que emplean el castellano y lo identifican como lengua de pertenencia. La sociedad catalana es bilingüe, pero la enseñanza es un mundo aparte. Lo de la bibliotecaria Penacho es puro sentido común. El bilingüismo es un tesoro, y así lo perciben la mayoría de los catalanes. Particularmente, me siento herderiano (y penachiano), porque entiendo que el castellano es un don precioso y con él las demás lenguas españolas. Todas ellas expresan el alma colectiva de una gran nación. Quizá los gobernantes, el pueblo en su conjunto y los actores jurídicos, no hemos sabido comprender la sabia visión del constituyente español. De algún modo, todos hemos contribuido a que el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano hayan sido patrimonializados por los nacionalismos.

La precariedad del catalán al aprobarse la Constitución deriva de etapas históricas con pérdida de su oficialidad, postergación, prohibición y hasta persecución, aunque la exposición de motivos de la Ley 7/1983, de 18 de abril, de Normalización Lingüística en Cataluña, no refleja fielmente todas las causas. Después, a lo largo de más de tres décadas, se ha pasado del modelo de bilingüismo integral y de la utilización progresiva de la lengua catalana «a medida que todos los alumnos la vayan dominando», a una política de inmersión que algunos llaman de sumersión. Del pretendido tanto monta, monta tanto, se pasó a declarar la preeminencia del catalán. Por esa razón, el Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia 31/2010, declaró inconstitucional el artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque «implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de la Comunidad Autónoma, imponiendo, en definitiva, la prescripción de un uso prioritario de una de ellas, en este caso, del catalán sobre el castellano, en perjuicio del equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso pueden tener un trato privilegiado».

Desde 2013, la vigente Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su disposición adicional trigésima octava que «el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable». En el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica dicha Ley (bautizado como LOMLOE o ley Celaá) se reconocía el carácter vehicular del castellano. Sin embargo, durante la tramitación en el Congreso de los Diputados ha prosperado una enmienda transaccional (pactada por ERC con Unidas Podemos y el PSOE), por la que desaparece la mención al carácter del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. ¿Qué trascendencia tiene esta enmienda? Para ERC supone el blindaje de la política de inmersión lingüística, que consideran amparada en la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña, cuyo artículo 11 establece que el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo.

Desde hace lustros, el Estado ha actuado de manera timorata, dejando a los padres la defensa del bilingüismo en las escuelas catalanas, verso a verso, frente a la negativa de la Generalitat a fijar un porcentaje mínimo de horas lectivas en castellano. Y de aquellos polvos estos lodos. Muchos quisieran que la ley –cuyo proyecto ya ha sido aprobado en el Congreso–, fuese la ley Penacho y no la ley Celaá. Pero no es así, y hasta Alfonso Guerra y otros exdirigentes del PSOE han firmado un manifiesto en defensa del castellano.

Nada dice el TC en su reciente sentencia 109/2019 sobre el artículo 11 de la Ley de Educación de Cataluña, ya que no fue recurrido por el PP. Pero esa norma, en conjunción con la enmienda aprobada, no puede suponer la exclusión del castellano como lengua vehicular. La diputada de ERC Montse Bassa cree que sí: «No queremos que el castellano sea lengua vehicular, sino que se enseñe como cualquier lengua extranjera, como el inglés o el francés». ¡No hija, no! La sentencia del TC 31/2010 deja claro que el carácter vehicular del castellano es una función que deriva directamente del artículo 3 de la Constitución, de manera que ni las Cortes ni el sursuncorda pueden suprimirlo sin reformar la Carta Magna. Es inviable, aunque la votación se ganara por goleada. Escuchen lo que dice el TC: «Pero desde ahora hemos de dejar sentado en nuestra argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza» (FJ 14). Y más adelante es taxativo: «nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza» (FJ 24).

Más claro, el agua. No sabemos quiénes asesoran a las formaciones políticas que han pactado la enmienda, pero una de dos, o están en un error de bulto y creen en un imposible, o son cómplices de un teatrillo de cara a la galería. Y en tal caso, es enojosa la energía empleada por los manipuladores de los títeres, y preocupa que el escobazo –fingido o real– se lo lleve el castellano, lengua común de todos los españoles.