Concertada que discrimina

Este parece que será un buen año para la enseñanza concertada en Andalucía. La Junta iniciará en breve una negociación con estos colegios e institutos para mejorar sus partidas de financiación que, dicen, están congeladas desde 2003. Sobre todo, según dicen, se pretende actualizar la partida para financiar gastos de personal de administración y servicios, mantenimiento, conservación e inversiones reales. La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, argumenta que el módulo actual «no responde a las necesidades de estos centros y queremos aumentarlo para paliar sus dificultades».

Está bien que la administración pública se proponga solventar carencias del sistema cuando existe una demanda al respecto. En este sentido, y siguiendo esta argumentación, auguro que también será un buen año para la enseñanza pública ante la falta de recursos que también plantea. Recientemente, sindicatos han cifrado en más de treinta las aulas que ha suprimido en este curso la Junta de Andalucía en Almería. La Consejería de Desarrollo Educativo se fundamenta en la bajada de natalidad de los últimos años, pero algunos sindicatos –que tienen también datos objetivos, los mismos que la administración- niegan que este sea el motivo para la supresión de aulas, ya que mientras el alumnado en la enseñanza pública ha bajado casi 90.000 en esta última década en Andalucía, la enseñanza privada concertada ha subido en 10.000 matriculaciones.

Los conciertos con empresas y entidades privadas surgen cuando la administración pública tiene problemas para atender la demanda. Es decir, la enseñanza pública se tuvo que concertar con centros privados y, para ello, se les dotó de los lógicos recursos económicos correspondientes, cuando las aulas públicas no podían atender tanta demanda.

Sin embargo, si como dice la Junta, hay menos nacimientos y, por tanto, menos población en las aulas públicas, ya no se necesitan los conciertos. Ahora se podría asumir a toda la población estudiantil en colegios e institutos públicos. Sin embargo, se opta por cerrar aulas en centros públicos ante la 'ausencia de demanda' que, al contrario, se incrementa en la concertada. Aquí hay algo que no cuadra y el único sentido de todo esto es seguir inyectando dinero público a empresas y entidades privadas, la mayoría, religiosas. Con dinero público se acometen obras de mejora y ampliación de edificios que son de propiedad privada con la excusa de que estudian niños y niñas de todas las casas, colores y familias.

¿Todos? No. Los colegios concertados no tienen, por ejemplo, atención a la diversidad con lo que la educación que se ofrece sufragada, en parte, con fondos públicos, no es universal. En el colegio de mis hijos hay dos casos de alumnos que fueron rechazados en un colegio concertado católico pese a vivir enfrente y barajarlo como primera opción de matrícula. ¿Cómo se puede permitir que centros educativos que se limpian, adecentan y crecen con parte de dinero público no admitan a todo el alumnado? Del mismo modo que los colegios privados que segregan al alumnado por sexos no tiene – ni debe- tener derecho a ser financiado con dinero público, no creo que deba hacerse con los concertados. Ahora, la Junta les va a premiar dándoles de más dinero cuando, está claro, que no acogen en sus aulas a todo el alumnado almeriense ni andaluz por una cuestión netamente discriminatoria.

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