El control político de la información

El problema surge cuando el tema se plantea como consecuencia de actuaciones de las esferas del poder. En ese momento pasamos de los postulados en abstracto a lo concreto. Es decir: pasamos de percibir la posibilidad de una amenaza a la quiebra efectiva de la libertad.

En España ya tenemos experiencia en la materia. De la dictadura aprendimos a valorar la conquista de libertades. Aplaudimos la Ley de Prensa de 1966 porque suponía romper con la censura previa, a pesar de que el régimen aún se guardaba en la manga el comodín de aquel temido artículo segundo. La Constitución del 78 acabó definitivamente con aquellos episodios de control y todos nos unimos a la apuesta de que la mejor ley de prensa es aquella que no existe. No hay periodista que recuerde con resquemor aquel tránsito a la verdad, incluso que no lo recuerde con melancolía o nostalgia. Nada se valora más que lo conquistado, y la transición supuso precisamente eso: ganar espacios para la libertad con instrumentos que todavía no estaban reseteados para el nuevo momento.

La realidad, sin embargo, nos ha vuelto a poner los pies en la tierra, y nos obliga a pensar que la libertad de información no es un bien protegido ni consolidado, sino que siempre va a estar sometido a los ataques de las instancias que desean manipularlo en su beneficio.

Al permanente control de los medios de comunicación públicos se une siempre la criminalización desde los ámbitos políticos de las opiniones adversas. Son habituales las informaciones oficiales sesgadas, incluso manipuladas. Para los periodistas supone un objetivo poco menos que imposible obtener informaciones de proyectos públicos no contaminadas políticamente. El control de los contenidos es permanente, a través de oficinas y gabinetes de prensa. Incluso la publicidad es utilizada en ocasiones como moneda de cambio de tratamientos informativos interesados. La información oficial impregna por completo los contenidos de los medios.

Todo eso es gestión informativa, que en lo formal no rebasa los límites de la legalidad, aunque se encuentre muy alejada del horizonte democrático que todos habíamos soñado alguna vez para este país. La quiebra se produce cuando el deseo de control llega al Boletín Oficial del Estado, enmascarado en un supuesto protocolo contra las noticias falsas o la desinformación, un intento que no es nuevo, pero que no por ello deja de ser perverso.

Este ahora mal llamado 'ministerio de la verdad', ha tenido sin embargo algunos precedentes impropios de un sistema democrático, el más importante, en mi opinión, los Consejos Audiovisuales (Cataluña y Andalucía), unos órganos de censura o reorientación informativa cuya composición, estrictamente política, denota la intención del poder que los promovió. Es la misma orientación por la que se rigen infinidad de manuales, recomendaciones, circulares específicas, incluso, libros de estilo patrocinados por instituciones públicas, contra los que, desgraciadamente, ni los propios profesionales hemos sabido o hemos querido reaccionar.

Nuestra respuesta al problema, la respuesta de los periodistas, si es que la libertad es un problema, fue la creación de un órgano de autorregulación: la Comisión española de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. A través de ella, se tratan de resolver de forma sosegada e inteligente, conflictos que puedan surgir en el ejercicio profesional de la información. Como era de esperar, el gobierno no la ha consultado.

Nadie sabe en qué se traducirá este nuevo asalto a la información. ¿Habrá secuestro de publicaciones? ¿impondrán multas administrativas a los periodistas o penas de prisión, obviando los tribunales de justicia? Estas son cuestiones importantes para los profesionales de los medios, sobre todo si tenemos en cuenta que son ya muy numerosas las iniciativas de publicaciones surgidas del autoempleo, en las que los recursos son limitados, y que las ayudas a la imparcialidad son inexistentes. Pero, fundamentalmente, queda en el aire la cuestión fundamental: ¿Quién se arrogará en este nuevo departamento gubernamental el derecho a decidir si una información es correcta o no? Da pavor solo el pensarlo.