La nueva Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación aprobada ayer por el Congreso, con la única oposición de Vox, ha de servir para avanzar no solo en el compromiso legislativo, sino también en la concienciación social contra aquellas prácticas que lleven a marginar y agraviar por razón de sexo, etnia, edad, creencias o cualquier otra faceta que configure la identidad del ser humano. La denominada 'ley Zerolo' trata de cubrir las lagunas existentes, fuera del ámbito del Código Penal, a la hora de cumplir el marco de respeto a los derechos y libertades ya vigente para perseguir y sancionar las expresiones de odio, exclusión y ofensa y las injusticias cotidianas contra minorías históricamente señaladas como los gitanos. Pero ello requiere, en paralelo, que las reglas sean incorporadas a la convivencia cotidiana como un radar cívico que contribuya a erradicar conductas indeseables en el día a día y a amparar a las víctimas. La ley refrendada ayer invierte la carga de la prueba ante la Administración cuando existan indicios fundados de discriminación. Un aspecto espinoso, aun cuando no tenga derivadas penales, que exigirá tasar las sospechas para no acabar incurriendo en arbitrariedades.
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