Crisis humanitaria

La entrada masiva de inmigrantes en las islas (en octubre y noviembre arribaron unas 12.000 personas), que produjo una acumulación dramática en el muelle grancanario de Arguineguín, generó un problema humanitario nada fácil de resolver. Se ha conseguido gestionarlo con relativa habilidad, construyendo carpas y realizando las repatriaciones posibles (las de nacionales de países que han suscrito convenio con España) a pesar de que ha habido alguna fuga hacia la península todavía sin aclarar. Interior niega que se hayan producido traslados oficiales. La crisis canaria es el gran argumento que ha de utilizar España para frenar, junto a los demás países europeos ribereños (Italia, Grecia y Malta), el insuficiente Pacto sobre Inmigración y Asilo que está planteando la presidenta de la Comisión. La inmigración es un problema de la totalidad de la UE ya que se han abatido las fronteras interiores; no es, pues, lógico que toda la carga recaiga a la hora de la verdad sobre los países fronterizos mientras los demás se comportan con flagrante insolidaridad.

La inmigración proveniente del Sur ha de ser preferentemente controlada en origen y la que llega a España depende en buena medida del papel que quieran desempeñar Argelia y Marruecos. En tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos firmó convenios con numerosos países africanos para frenar la emigración ilegal y facilitar la repatriación, en su caso, y es claro que esta acción diplomática no debería decaer. Fernando Grande-Marlaska es consciente de la necesidad de avanzar por esta vía, y es de suponer que el Gobierno es consciente de que la relación con Marruecos es vital, por lo que los apoyos irreflexivos y provocadores de los miembros de Podemos en el Ejecutivo a la autodeterminación del Sáhara son, cuando menos, imprudentes.