En defensa de las oposiciones

Viniendo el anuncio de reforma del sistema de acceso a la Función Pública de quien viene, un hombre de partido desde 1977, sin coronar ninguna carrera universitaria ni técnica, a quien no se le conoce ninguna experiencia laboral, pública o privada, ni, por supuesto, la preparación de ninguna oposición, está más que justificada la inquietud y extrañeza en su pretensión de reformar unilateralmente algo tan técnico, sensible y delicado como es el diseño de un modelo óptimo de acceso a la Función Pública.

Lo primero que me gustaría debatir es eso del «memorismo» en las oposiciones, y ponerlo en duda. El señor ministro tiene que explicar que la memoria sea un mal de las pruebas a funcionario público. Salvo contadísimas especialidades (y solo en algún ejercicio), en la generalidad de los supuestos de preparación eso que Iceta (y muchas otras personas, igualmente no versadas) llama «memorismo» es solo, y simplemente, el resultado lógico de darle vueltas al programa de temas con objeto de dominarlo, de manera que –salga el tema que salga a la suerte– el opositor esté en condiciones de defenderlo con éxito. No se trata, pues, de saberse 'a priori' el tema como un actor aprende el papel de una determinada obra, de forma que, si aquél no se atiene literalmente a la obra, no la estaría representando, sino inventándosela.

En cambio, en materia de oposiciones –y más si es de naturaleza jurídica, política, económica o social– un tema concreto (por ejemplo, la Constitución, el derecho de propiedad o el servicio público) puede ser construido y contestado bajo múltiples versiones, todas ellas correctas. No existe memorismo 'a priori', pues. Si un opositor, por ejemplo, al Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, no reproduce, lo más fielmente posible, el archisabido artículo 97 de la CE (funciones y potestades del Gobierno), ¿qué aspirante, a ese cuerpo de funcionarios de la Administración General del Estado, sería?

Desde hace lustros observo que se viene dañando la Función Pública cuando se manipula, por los políticos de turno, el sistema de acceso a ella, lo que también afecta a la moral de los aspirantes y a su confianza en una valoración justa y objetiva de las pruebas por los tribunales de selección.

Yo he visto evolucionar las oposiciones a peor. He observado cómo ha ido palideciendo la objetividad de las pruebas a la Función Pública cuando, por esnobismo o por intereses espurios, se ha sustituido el tipo y contenido de algunos ejercicios y el sistema de la oposición. Al primer supuesto me refiero con la sustitución –muy negativa– del 'tema general' (de libre composición del opositor y redactado ante el tribunal en la prueba; leído después por éste) por los injustos e impredecibles 'cuestionarios de preguntas con respuesta alternativa', técnica anglosajona, una americanada que iguala a los opositores y no descubre al aspirante ciertamente preparado.

En cuanto al sistema selectivo, ha ido evolucionando, muy negativamente desde la oposición libre, a pecho descubierto y en plano de igualdad, al concurso-oposición, donde se hace un retrato vergonzoso del tapado para que supere victoriosamente el concurso de méritos (a la carta) aunque luego, en la fase de oposición, alcance generalmente una puntuación deficiente. Todo un escándalo, de lo que saben mucho los políticos de turno, con intereses en que tal puesto de trabajo lo ocupe su conocido, amiguete o familiar. Vergonzoso. En cambio, la oposición libre garantiza una selección acertada y justa, y un aspirante solvente. El concurso-oposición se presta al fraude, y bien sabido es que con los opositores no se debe jugar, y con la Función Pública, tampoco.

Finalmente, en los últimos años, se detecta en las bases de las convocatorias el abandono de la exposición oral de los temas y su sustitución por ejercicios escritos. El opositor mudo. Otro grave error, pues no hay nada como un ejercicio oral y en audiencia pública para descubrir al opositor competente y preparado. El examen oral nunca engaña.

Por último, permítaseme que dude de las rectas intenciones de la inquietante 'reforma' en ciernes. La amenaza de una politización del acceso a la Función Pública cobra verosimilitud tratándose de un Gobierno abiertamente ideológico regido por el interés electoral antes que por el interés general. El daño puede ser irreparable.