¿Quién defiende la Constitución?

Desde que el líder socialista Pedro Sánchez accedió al Gobierno, a través de una moción de censura no constructiva, apoyado en los enemigos políticos de España y de la monarquía parlamentaria, comprobamos, casi a diario, el derribo de las instituciones del Estado social y democrático de Derecho, el incumplimiento del pacto constitucional alcanzado hace cuarenta y cuatro años por los partidos políticos y una abrumadora mayoría de españoles, y el alejamiento del espíritu de la Transición, que no fue otro que la concordia y la reconciliación de los españoles.

Todo ese tesoro político por el que el pueblo español, a lo largo de su convulsa historia, ha pagado un alto precio hasta con la vida y hacienda, está en peligro de perecer por mor de un Gobierno PSOE-UP, de la mano de partidos nacionalistas, republicanos y populistas. En efecto, Pedro Sánchez gobierna de espaldas a la mitad de los españoles. Si logra aprobar leyes y disposiciones o medidas económicas o sociales, se debe a la eficacia con la que sus increíbles socios le condicionan.

El Gobierno de España está pues en manos de aquellos que quieren la destrucción del Estado, aquellos que claramente trabajan por su despiece y extinción. En esta dramática situación, un Gobierno y un presidente que para continuar en el cargo necesita estar y pasar por el pago de todas las facturas que le giran es un Gobierno que, por higiene democrática y por salvaguardar el interés general, urge relevarlo.

Es larga la lista de atropellos al Estado de Derecho y a la democracia que la coalición de PSOE y Podemos ha llevado a cabo y sigue cometiendo. Causa estupor y escandaliza a la conciencia del demócrata. Figuran en ella la inconstitucionalidad declarada de los estados de alarma; la pretensión de hacerse con el CGPJ; los indultos a golpistas; el abuso del Decreto-Ley; las falsas proposiciones de Ley para evitar la intervención de órganos consultivos… Sorprende la inactividad de las presidencias del Congreso y del Senado, que no ejercen su esencial papel parlamentario, actuando a las órdenes de la Moncloa.

Y ahora estamos conociendo los acuerdos inconstitucionales que Sánchez ha pactado con los separatistas catalanes en la ignominiosa 'Mesa de diálogo' (léase, 'Mesa de cesión'). En virtud de sus inconfesables pactos establecidos con ERC (un partido republicano y secesionista, contrario al orden constitucional), el PSOE, junto a Podemos, ha presentado una Proposición de Ley (no un Proyecto) por la que suprime el delito de sedición, figura penal en virtud de la cual fueron condenados las autoridades catalanas que dieron el golpe contra el orden constitucional en octubre de 2017. La explicación que dan los proponentes ofende la inteligencia de los ciudadanos pues alegan como finalidad la modernización y la armonización con Europa. En verdad se trata de una autoamnistía que Sánchez se da a sí mismo para recibir el apoyo de sus desaconsejables amistades políticas, con la consecuencia esencial de que el orden constitucional queda desprotegido.

Con la supresión del delito de sedición aumentan las dificultades de los Tribunales para encajar futuras conductas ante una previsible repetición de los hechos de 2017. Deja inerme al Estado frente a la amenaza de una nueva insurgencia secesionista. El ordenamiento jurídico español ya padecía de una escasa e incompleta regulación de conductas sediciosas, y ahora nos acercamos a la impunidad por las graves carencias tipificadoras que remata la reforma del Código Penal presentada por el PSOE. Un Código que es de 1995, no del siglo XIX, como repiten mecánicamente los corifeos del Gobierno.

En definitiva, este Gobierno, lejos de cumplir el mandato del artículo 97 de la Constitución, según el cual «El Gobierno dirige (…) la defensa del Estado», lo desarma, y el bien jurídico a proteger que es el orden constitucional queda desamparado jurídicamente. Trabajo le va a costar al próximo Gobierno revertir todos y cada uno de los destrozos del PSOE causados en el engranaje y estructura del Estado constitucional.

Empero habrá que hacerlo. Tendremos presente a nuestro máximo filósofo del siglo pasado, Ortega y Gasset, cuando terminaba su sonado artículo ('El error Berenguer', El Sol, 15 noviembre 1930) con una formidable arenga, hoy en pleno vigor: «¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!».

(*) Juan A. Maldonado, Emiliano Guiote, José J. Jiménez Sánchez, Ramón Montahud, Trinitario Betoret Parreño, Sara Catalá, Manuel Escamilla Castillo, Enrique Alguacil de la Blanca, Fernando Mir Gómez, Blanca Gomá, Francisco Rodríguez Palma, Juan Nieto, Luis M. Rodríguez Garzón y Enrique Santana