Derechos irrenunciables

En las redes se ha leído que el movimiento antidesahucios, que tiene como referente a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, prepara una ofensiva para evitar la 'burla' de la Ley de Vivienda del Gobierno, los fondos buitre siguen en España. Seguirá habiendo desahucios sin alternativa de familias vulnerables, no hay nuevas medidas contra el sinhogarismo, no hay garantía judicial para exigir el derecho a vivienda, no se movilizan las viviendas vacías ni tampoco de la Sareb, no se obliga a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa al desahucio. Lealtad y compromiso con los movimientos sociales, se puede, pero no valen ambivalencias, no sirve una ley de mínimos. Ahora quedan las enmiendas, veremos cómo se posicionan los grupos políticos. En Andalucía ya ha dicho el gobierno que no la aplicará.

En los medios de comunicación, el 24 de diciembre, se leía ésta información: El Estado reconoce «un fallo en cadena», hubo una intervención «insuficiente e inadecuada» de los ministerios de Interior y Justicia, en el caso de Prats cuyas dos hijas fueron asesinadas por el padre en 2018. El Estado admite que no fueron escuchadas en todo el procedimiento, erró estrepitosamente en su protección, y establece que paguen un millón de euros. En todo el proceso han contado con el respaldo del Defensor del Pueblo.

VioGen se modificó 6 meses después del asesinato de las niñas, incluir preguntas sobre los menores, el protocolo no cumplía con el Convenio de Estambul, ratificado por España 2014, dice Marlaska. Gabriel Rubio, abogado de Prast, reconoce que este pronunciamiento histórico que les da la razón es la única manera de mejorar: reconocer errores y lo hacen con esta resolución.

Consuelo Abril, abogada especializada en violencia género, señala que las instituciones no están dando respuesta adecuada a las violencias ni en prevención ni en sanción. Reciben violencia institucional cuando lo denuncian porque no obtienen respuesta o garantías. Relatores de Naciones Unidas han criticado el sistema judicial español no protege suficientemente a menores de «padres abusivos» y existe un «sesgo discriminatorio» que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aún teniendo pruebas de haber sufrido maltrato. Instaban a que la legislación se aplique y a tomar medidas efectivas para evitar éstos casos. Veinticinco plataformas de movimientos feministas exigen que una comisión revise sentencias y analicen fallos del sistema en justicia, violencia género y menores.