Desmemoria

Ad Líbitum ·
Con la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ningún partido opositor rechistó

Javier Pereda

Jueves, 17 de septiembre 2020, 23:29

El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática constituye algo más que una simple maniobra de distracción política. Hasta la prensa internacional como 'The Washington Post', 'The Guardian' o 'Le Monde' critican al Gobierno de actuar «tarde y torpemente» en la gestión de la crisis sanitaria ... y económica. Sin embargo, este proyecto ideológico que comenzó en 2007, con la Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero, no fue derogada por Rajoy en 2011; como diría con criterio Balmes «el conservadurismo político conserva la revolución liberal». Esta ley que se aprobará en la tramitación parlamentaria, supone un torpedo en la línea de flotación de la Transición y la concordia, porque, según la vicepresidenta Calvo, viene a «homologar la democracia». Es la justificación para demoler y cambiar el régimen constitucional de 1978 (monarquía parlamentaria, la libertad ideológica, religiosa, de expresión, asociación...). Con esta ley la supremacía moral del Gobierno social-comunista viene a imponer inquisitorialmente el 'nihil obstat' de lo que es democrático. Por tanto, no se trata de un estratégico bote de humo, sino de conformar un Frente Popular ('Frankenstein') que actúe a modo de cordón sanitario contra la oposición desactivándola. El escenario de Memoria (anti)Democrática que plantea este Ejecutivo –salvando las distancias–, nos recuerda al de la Segunda República, que condujo a la sublevación de julio de 1936. Con la diferencia que entonces sí que hubo una contestación social y política al intento de convertir la Nación en una sucursal de la URSS de Stalin.

Con la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ningún partido opositor rechistó. Se pensaba que era una actuación aislada y sin mayor recorrido político. Con el beneplácito unánime del Congreso, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo también hocicó. Quienes entonces alertaban de las intenciones aviesas del Gobierno guerracivilista se les tachaba de exagerados o fascistas. Pero la opinión pública anestesiada –incluida la oposición– no se daba cuenta que cuando se señalaba a la luna no era para que se fijaran en el dedo. Detrás del Caudillo vendrá el rey, la Constitución y la oposición; todos fascistas. La veda se ha abierto: la inquietante sentencia contra los herederos del Pazo de Meirás lo constata. Con esta vuelta de tuerca, el Valle de los Caídos lo convertirán en un cementerio civil –pese a quebrantar los Acuerdos Iglesia-Estado–, en donde expulsarán a los benedictinos del santuario y amputarán los brazos de la cruz de 150 metros, para convertirlo en un monolito masónico. Según el secretario de Estado Fernando Martínez: «La cruz es uno de los símbolos fundamentales del nacional-catolicismo» (ahí es nada). Algunos considerarán estos acontecimientos como un mal menor y callarán; como en el poema de Martin Niemöller atribuido a Bertolt Brecht. Esa miopía supondría legitimar por omisión un golpe de Estado contra el actual régimen de libertades. El historiador Stanley G. Payne escribe que la persecución a la Iglesia católica fue la mayor jamás vista en Europa occidental –peor que en la Revolución francesa o la de Diocleciano–, con más de 7.000 eclesiásticos asesinados (por si la juez argentina Salvini busca genocidios).

El sectarismo del desmemoriado Ejecutivo pretende actuar como juez y parte; anular el juicio sumario del golpista Companys, y no el de José Antonio Primo de Rivera o de las ejecuciones en Paracuellos. La derecha está bloqueada en la maraña de la 'operación Kitchen' y en sus líos internos. Otros se lavan las manos como Poncio Pilatos, cuando tendrían que estar agradecidos de no haber sido exterminados. Esta liberticida ley ha creado una Sala especial en la fiscalía del Supremo sobre cuestiones históricas prescritas y amnistiadas. El último bastión del Estado de Derecho es la Justicia; tenemos el caso de Venezuela. Curiosamente, en la misma fiscalía del Gobierno dependiente de la fiscal general 'Baltasara'; la misma que a través del fiscal Navajas ha inadmitido las querellas contra el Gobierno por el Covid-19. La Fundación Franco será ilegalizada y se incautarán los 33.000 documentos privados para su destrucción, por desobedecer al Gran Hermano orwelliano del Ministerio de la Verdad. No así con la Fundación Largo Caballero, dirigente causante de la guerra civil. La totalitaria Memoria Democrática (como la añorada RDA del comunista de consumo Garzón) se impondrá a los historiadores, en las cátedras, en la enseñanza, en los medios de comunicación. De ahí la rapidez en verter estas opiniones, antes que la fiscalía aperture diligencias informativas por discrepar del régimen socialcomunista.