Cincuenta años después del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende y dio paso a la feroz represión de Augusto Pinochet, la división política enturbia la memoria de la historia más oscura de Chile. Las fuerzas conservadoras, que pretenderían pasar la página de 17 años de dictadura, con más de 2.300 asesinatos, 30.000 torturados, encarcelados y perseguidos además de miles de exiliados, se ausentarán hoy del «momento de reflexión pacífico» convocado por Gabriel Boric, el primer dirigente progresista en el poder desde Allende. El plan de búsqueda de los desaparecidos impulsado por el Gobierno incomoda a una oposición que controla el Parlamento y elabora una Constitución en la que no cree, por lo que difícilmente permitirá al país sacudirse la losa de la legislación pinochetista. La otra gran herencia del dictador, la economía privatizada y la lacerante desigualdad, ha sobrevivido todo este tiempo, incluso a las masivas movilizaciones sociales de 2019. El hecho de que el 70% de los chilenos haya nacido después de 1973 exige a Boric concentrarse en mejoras económicas y sociales pero en absoluto legitima a la derecha para propugnar un imposible olvido.
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