Convulso escenario

El Gobierno de coalición ha emprendido una legislatura de alto voltaje con la prioridad de aprobar los Presupuestos, lo que, incluso aunque se descompusiera la inestable mayoría en la que se apoya, le permitiría aguantar al menos dos años: el de su vigencia y otro de prórroga. No debería tener problemas para sacarlos adelante: parece impensable que los tumben los mismos socios que acaban de investir a Pedro Sánchez. Pero ello en modo alguno garantiza un inicio de mandato tranquilo, ya que a la absoluta dependencia del Ejecutivo de todos los grupos secesionistas y nacionalistas, con intereses dispares en distintos ámbitos, y a la previsible feroz oposición del PP y Vox, se unen la ruidosa ruptura de Podemos con Sumar –una dificultad añadida para asegurarse el éxito en cada votación– y cuatro elecciones en un plazo máximo de 15 meses. Queda así garantizado el mantenimiento de un clima de aguda confrontación partidista y una fuerte presión de los aliados para arrancar a corto plazo concesiones de peso con las que mejorar sus expectativas en las urnas, siempre bajo la amenaza, implícita o directa, de retirarle su respaldo. Está por ver la capacidad de gestión del Gabinete en esas condiciones.

Los comicios europeos del 9 de junio medirán el grado de aceptación de los pactos de Sánchez, incluida la amnistía por el 'procés', aunque solo serán interpretados por quien los gane como una segunda vuelta del 23-J. Probablemente les precederán las elecciones autonómicas en Euskadi y Galicia. En las primeras se prevé una reñida pugna entre el PNV y EH Bildu, socios fieles de la Moncloa y encarnizados adversarios entre sí. En los segundos estará en juego la mayoría absoluta que dejó Alberto Núñez Feijóo. Más problemática para el Gobierno se presenta la convocatoria en Cataluña, que correspondería en febrero de 2025, con ERC y Junts enzarzados en una bronca pugna por exhibir una decisiva influencia en Madrid y con exigencias de tan inverosímil encaje constitucional como un referéndum de autodeterminación. En este convulso contexto, y a expensas de eventuales pronunciamientos de la justicia y la UE sobre la amnistía que pueden condicionar la legislatura, el Ejecutivo afronta el reto no solo de resistir, sino de aplicar su programa. No le resultará fácil. Por desgracia, ni el calendario electoral ni el tóxico frentismo instalado en el país permiten confiar en grandes acuerdos transversales como los que reclama la situación.