Medición gallega

Las elecciones al Parlamento de Galicia del próximo 18 de febrero se anuncian como las autonómicas de mayor alcance desde los comicios celebrados en Cataluña durante el 'procés'. El Estado compuesto se basa en la expresión autónoma de las distintas comunidades a la hora de manifestar su voluntad política para la administración de las respectivas competencias territoriales, destacando preferencias electorales diferenciadas respecto a las convocatorias generales o a las urnas locales. El domingo 18 la ciudadanía gallega dirá quiénes quieren que gobiernen la comunidad. Aunque esta vez lo hará más conscientes que nunca de que su voto puede ser crucial para la singladura de una legislatura trabada en las Cortes Generales.

El sistema de partidos en Galicia sigue requiriendo que el PP obtenga la mayoría absoluta de los 75 escaños de la Cámara de Santiago para que continúe al frente del Ejecutivo. Las expectativas de las fuerzas de la izquierda para articular una alternativa a cuatro mandatos sucesivos de Gobierno popular pueden animar el desarrollo de la campaña. Ese supuesto conllevaría un serio revés para las aspiraciones nacionales de los populares y para el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Al tiempo que, a tenor de las prospecciones demoscópicas, concedería la presidencia al BNG con el apoyo de los socialistas y, en su caso, de Sumar. De modo que la legislatura de Pedro Sánchez pasaría a estar aún más condicionada por las demandas periféricas. Pero de confirmarse el pronóstico de la casi totalidad de los sondeos realizados en Galicia, la continuidad de la mayoría absoluta del PP mostraría los límites del proyecto 'sanchista'. E introduciría además un factor crítico en el entendimiento entre los dos socios de gobierno, PSOE y Sumar, si la gallega Yolanda Díaz no consigue un resultado mínimamente digno para su formación.

Los comicios al Parlamento de Galicia van a dar inicio a un nuevo ciclo electoral que pasará por las autonómicas vascas de primavera, las europeas de junio y unas catalanas que podrían cerrar el cuadro resultante, validando el apurado escrutinio del 23 de julio o enmendándolo seriamente. A no ser que los requerimientos de Junts precipiten acontecimientos hasta obligar a Sánchez a disolver las Cortes. Solo cabe esperar que ni la continuidad de Alfonso Rueda en el Pazo de Raxoi ni su sustitución por la soberanista Ana Pontón polaricen aún más la política española.