Una reforma a prueba

La evolución demográfica de nuestro país obliga a introducir cambios en un sistema que ya arroja un abultado déficit para hacerlo sostenible a medio y largo plazo. En las próximas décadas crecerá de forma notable el número de jubilados y el importe de sus prestaciones por los derechos adquiridos durante su vida laboral. Ello obliga a moderar el crecimiento del gasto mediante la limitación de la futura cuantía de las pensiones, a elevar los ingresos con los que se financian o a combinar ambas acciones. En una decisión marcadamente ideológica, el Ejecutivo ha optado por cargar el fuerte aumento del coste previsto –al que también contribuye su revalorización con el IPC– a una subida de las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores con los salarios más altos. El ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, desestimó por ineficaz la fórmula que ahora impulsa cuando dirigía la Airef. Esa entidad independiente, encargada de velar por la estabilidad fiscal, cuestiona que la medida sea suficiente y augura un abultado desequilibrio contable que obligará a adoptar ajustes ahora desestimados. Un diagnóstico en el que coincide con el Banco de España, Fedea y otros organismos.

La gran baza del Gobierno es el aval de Bruselas a la reforma, sustentado no solo en la credibilidad de sus cifras, sino en la cautela de revisar cada tres años su evolución y el compromiso de aplicar actuaciones adicionales si fueran necesarias. Afirmar, como ha hecho el Ejecutivo, que este cambio legal es el definitivo hasta 2050 resulta arriesgado, ya que dependerá tanto del acierto de sus propuestas como del comportamiento del empleo. Pronto se aclarará si se trata de un simple patada adelante para ganar tiempo como sostiene la oposición, de la que cabría esperar una alternativa sólida al acuerdo que legítimamente critica.