A vueltas con la memoria

El varapalo propinado por tres relatores especiales de la ONU a las denominadas 'leyes de concordia' con las que los gobiernos del PP y Vox en Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León enmiendan parcialmente la de Memoria Democrática aprobada por las Cortes Generales merece una reflexión sosegada en lugar de las descalificaciones escapistas y el tremendismo que han caracterizado las reacciones al informe. No es baladí la advertencia de que esas normas pueden contribuir a «invisibilizar» las «graves violaciones de derechos humanos» cometidas durante el franquismo. Los poderes públicos tienen la obligación democrática de impedir tal injusticia, si pudiera darse, y de reconocer los derechos de todas las víctimas de la Guerra Civil, incluida la búsqueda y exhumación de los cuerpos que aún estén enterrados en fosas comunes. No ha lugar a mensajes condescendientes con una dictadura por muy edulcorados que estén. Resulta descorazonador que, casi medio siglo después de la muerte de Franco, el país sea incapaz de cerrar las heridas de ese pasado tenebroso con una visión compartida de lo que supuso conforme a la verdad histórica que permita dejar de utilizarlo como arma arrojadiza.