El rey emérito en entredicho

Su proceder, motivo de escándalo a nivel internacional, contrasta con el papel realizado el 23-F. El historiador José Álvarez Junco relata que en los años noventa, en un seminario de Estudios Ibéricos realizado en Harvard, invitó al politólogo Samuel P. Huntington, que acababa de publicar 'Choque de civilizaciones', y, al preguntarle en qué civilización colocaba a España, afirmó: «Hasta hace poco a la latinoamericana; pero desde que ese gran rey, Juan Carlos, se enfrentó con los golpistas, el país es plenamente europeo».

Fue en 2012, con la caza de elefantes en Botsuana, en un momento de grave crisis económica, cuando empezó a declinar el apoyo popular. A partir de entonces, comenzaron a conocerse muchas irregularidades: amoríos, cacerías, presuntas comisiones ilegales, cuentas sin declarar en Suiza, creación de la fundación Lucum en Panamá –donde aparece una donación de Arabia Saudí de 65 millones, después transferidos a Corinna Larsen, por la adjudicación del AVE a la Meca–…, que lo llevaron a dimitir en 2014 de sus funciones, y, por cuyas acciones, su hijo, el rey Felipe, el pasado 15 de marzo, renunciaba a la herencia que le correspondiera y le retiró la asignación como rey emérito.

La situación actual no tiene fácil solución. Si el Tribunal Supremo condenara al exjefe del Estado, eso conllevaría su desprestigio y el de la institución. Pero si dicho Tribunal considerara que los presuntos delitos anteriores a 2014 no son imputables por inviolabilidad, y los posteriores porque hubieran prescrito, la credibilidad de las instituciones y de la monarquía quedarían en entredicho (muchos entenderían que los españoles no somos iguales ante la ley).

No estamos en el siglo XVII, donde el rey adquiría la autoridad por designio divino. Hoy, esa autoridad procede del pueblo y para ser rey no basta la línea sucesoria, es necesaria la ejemplaridad. Por eso necesitamos conocer el patrimonio del rey emérito y de dónde ha salido –en 2012, el prestigioso diario The New York Times lo cifraba en 2.000 millones de euros–, y es necesario, también, para el prestigio de la Corona, que el rey Felipe, honesto hasta ahora en su comportamiento –ha sabido alejarse de su hermana Cristina, de Urdangarin y de su padre– no haga caso al anacrónico artículo 56.3 de la Constitución que establece una inviolabilidad absoluta –incluso tapa posibles comportamientos corruptos y, actualmente, no hay consenso para modificarlo–, y se someta, voluntariamente, a la ley de Incompatibilidades para que podamos saber su patrimonio, sus ingresos, sus gastos y el movimiento de sus cuentas, como ocurre con cualquier alto cargo de nuestro país.