Se consumó la felonía

Así, todos los que le apoyaron vieron la oportunidad de conseguir sus aspiraciones o ambiciones, partidarias o personales, ante un presidente débil que sería rehén de los partidos a los que aglutinaba bajo el eufemístico término de 'mayoría progresista'.

Los años de gobierno de Sánchez se han caracterizado por la mentira compulsiva, el incumplimiento de las promesas electorales, el sectarismo, el desmontaje progresivo de las instituciones del Estado, controlando el poder ejecutivo y el poder legislativo, cediendo a las exigencias de los partidos que le apoyaban; atacando al poder judicial y a la Corona y creando una amplísima red clientelar con un descarado nepotismo que ha posibilitado el acceso a puestos de alta responsabilidad a multitud de ciudadanos sin preparación y sin más mérito que ser militantes socialistas («la gran industria de la política», que diría el profesor Gay de Liébana). Asimismo, el acceso de un importante número de personas sin formación ni experiencia ha achabacanado las Cortes Generales practicando la mala educación y la descortesía y provocando que los debates políticos parecieran más tumultos tabernarios donde el insulto y la descalificación del adversario han sido frecuentes.

De otra parte, los falaces argumentarios pergeñados por la Moncloa eran repetidos por todos los miembros del Gobierno como autómatas, todos ellos con el fin de hacer oposición a la oposición y lanzar cortinas de humo para que no se hablara de la amnistía, tapar la trama de corrupción que presuntamente ha llegado hasta el ámbito familiar del presidente y desviar la atención de la ciudadanía de otras cuestiones espinosas como la carestía de la cesta de la compra, el paro o la desastrosa política exterior que ha llevado a enfrentar a España con el pueblo saharaui, con Marruecos, con Argelia, con Argentina o con Israel.

Así han transcurrido estos años en los que el Gobierno ha ido claudicando progresivamente ante los partidos que le apoyan, cediendo ante sus exigencias que conscientes de la fragilidad de Sánchez, cada vez han sido mayores y gravemente atentatorias contra la igualdad como es el caso de la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al PNV que por razones demográficas ya no puede pagar las pensiones; o la cesión de la recaudación de todos los impuestos a la Generalidad que solo reintegraría a las arcas del Estado una pequeña cantidad. Esto significaría que en España habría ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda según el lugar donde vivan.

Me permito reproducir aquí lo que hace más de tres años publiqué en Facebook en relación al separatismo catalán:

«Muchos están convencidos de que si el Gobierno concede el indulto a los separatistas catalanes, a pesar del demoledor informe del Tribunal Supremo y de la Fiscalía, se va a solucionar el problema de Cataluña, manifestando, con ello, un candor y una ingenuidad extraordinarios. A ver cuándo nos convencemos de que a los golpistas catalanes no les basta con el indulto, quieren la amnistía de los delincuentes separatistas encarcelados y el derecho a decidir (derecho inexistente en nuestra Constitución), como pasos previos a la declaración de independencia. El problema solo se puede solucionar en el marco de la Constitución y las leyes».

Estoy seguro que son muchas las personas que vieron venir esta premonición que el tiempo ha venido a ratificar.

No es posible olvidar el bochornoso e histriónico espectáculo promovido por Sánchez cuando, una vez tuvo conocimiento de la investigación de su esposa por un juzgado, se retiró durante cinco días al rincón de pensar, paralizando la acción de Gobierno, haciendo creer a parte de la ciudadanía que podría dimitir pues incluso fue a entrevistarse con el Rey, para acabar con una lacrimógena y ridícula carta y una comparecencia en la escalinata de Moncloa que no fue más que un acto de hipocresía victimista y una tomadura de pelo a los españoles.

Finalmente, se consumó la felonía. Así, el pasado día 30 de mayo, por exiguo margen, se aprobó la inconstitucional Ley de Amnistía, a pesar del enorme rechazo de expertos juristas, instituciones judiciales y la mayor parte de la sociedad. Se materializa, de este modo, una transacción política mediante la cual Sánchez abona al separatismo catalán el coste de los siete votos que de momento le mantienen en la Moncloa: impunidad por siete votos: ¿Valía la pena?

La ley de amnistía, declarada con reiteración inconstitucional por todos los miembros del Gobierno hasta las elecciones del 23 de julio de 2023 y redactada esencialmente por el abogado de Puigdemont, supone el mayor atentado contra la democracia española desde 1978, ya que consagra la desigualdad de los españoles ante la ley (art. 14 de la Constitución); daña seriamente el Poder Judicial y despenaliza a los delincuentes que dieron un golpe de Estado porque querían y siguen queriendo romper España que ha quedado humillada y desprestigiada como nación ante el mundo.

* Francisco Cano Bueso fue delegado de la Consejería de Salud en las provincias de Málaga, Córdoba y Granada