La degradación humillante de la democracia española

Pedro Sánchez ha mentido con reiteración, descaro y tenacidad.

La creación de una red clientelar con centenares de cargos, asesores, directores de empresas públicas, consorcios etc., ocupados por amigos de Sánchez, muchos de ellos sin preparación, sin más 'profesión' que la de militante socialista y consecuentemente con dificultades para regresar a la vida civil finalizada la etapa pública, se han apoltronado y prestos a hacer lo que sea necesario para permanecer en el cargo, aunque algunos –los más cercanos– se están beneficiando ya de las puertas giratorias que tanto criticaban otrora (Nadia Calviño o Teresa Ribera y otros).

Así, una vez modificados los estatutos para devaluar las competencias del Comité Federal, controlados el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo mediante pactos vergonzantes, Sánchez ha legislado prolíficamente por decreto ley, introduciendo subrepticiamente una legislación que ponía en crisis al Poder Judicial, impidiéndole el nombramiento de jueces o eliminando la cláusula adicional que ha posibilitado el excarcelamiento anticipado de etarras. A la par ha ido colonizando Correos, el Tribunal Constitucional, el CNI, el INE, el CIS, la Fiscalía General del Estado, la Mesa del Congreso, la Agencia Efe…, y activados los medios de comunicación afines, convenientemente engrasados y el ingente aparato propagandístico de Moncloa que ha culminado con el asalto al Consejo de Administración de TVE en una vergonzosa sesión de control al gobierno, con el hemiciclo semivacío por la ausencia de PP, Vox y Compromis que prefirieron ir a atender a la multitud de damnificados por la DANA.

Una vez perdidas estrepitosamente las elecciones locales y autonómicas de 28 mayo de 2023, las generales de 23 de julio de 2023 y las europeas de junio de 2024, y no habiendo conseguido el Partido Popular las escaños necesarios para la investidura de Núñez Feijóo, Sánchez se apresta a negociar a diestro y siniestro con todo lo que se mueve, sin importarle nada los antecedentes siniestros o judiciales de algunos de los componentes de los partidos con los que ambiciona seguir en la Moncloa. La negociación se hace con absoluto oscurantismo (eufemísticamente discreción) y se lanza a los medios de comunicación la perogrullada de que «se informará de lo acordado cuando esté acordado».

La escasa información que se tiene sobre las negociaciones y exigencias de los separatistas e independentistas catalanes y vascos, procede de las declaraciones que sobre las mismas han realizado Puigdmont, Pere Aragonés y Ortúzar; mientras que Otegi se muestra satisfecho con lo prometido y guarda silencio. Los catalanes que de inicio exigían la amnistía y un referéndum de autodeterminación, conscientes de la necesidad ambiciosa de Sánchez, una vez conseguida la inconstitucional amnistía, han incrementado sus exigencias, consiguiendo el traspaso de las gestión de la red ferroviaria de cercanías, con su correspondiente financiación y la condonación de 15.000 millones de deuda con cargo al FLA y, últimamente, 'una financiación singular', un concierto económico a la vasca que acentuaría la desigualdad entre españoles.

Se ha establecido un debate entre expertos y también en el seno de la sociedad si la amnistía es o no constitucional. Si nos atenemos a las declaraciones realizadas por Sánchez, por gran parte de la cúpula orgánica socialista y por los miembros socialistas del gobierno (Carmen Calvo y Juan Carlos Campo), algunas de ellas realizadas en sede parlamentaria, la amnistía no cabe en la Constitución.

Por fin Sánchez, en el Comité Federal, se quitó la careta y defendió la amnistía argumentando que lo hace «en nombre de España, por el interés de España y la recuperación de la convivencia entre españoles». España no obtiene ningún beneficio amnistiando a los golpistas y si lo duda que consulte en referéndum a todos los españoles (Art. 92.1 de la Constitución).

La contundente declaración de Sánchez de la existencia de 'Lawfare' (politización de la Justicia en España) y la amenaza de gobernar con el Poder Legislativo o sin él, ha provocado el rechazo unánime de todas las Instituciones judiciales.

Destapada la trama de corrupción Koldo-Ábalos-Aldama con ramificaciones en varios ministerios y Comunidades Autónomas (Balear y Canaria) que ha salpicado incluso a la Guardia Civil; la oscura conexión de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela que violó el espacio Schengen que tenía prohibido por la UE, con el conocimiento de Sánchez, y el rescate de Air Europa; la imputación de la esposa del Presidente (ahora por cuatro presuntos delitos); la de su hermano y la de su servil Fiscal General del Estado, junto a la no admisión a trámite de las querellas del abogado de Begoña Gómez; de la propia Begoña y hasta del mismísimo Presidente contra el juez Peinado que se ha visto reforzado en sus investigaciones por sus superiores, han creado un clima irrespirable que ha trascendido nuestras fronteras y reflejado en las demoledoras críticas de The Economist, Freedom House o Le Monde.

La ciudadanía, aunque fuertemente polarizada ante esta degradación, mayoritariamente exige la dimisión del Presidente, cosa que por mucho menos hubiera presentado cualquier dirigente democrático.