Horror y terror en la Franja de Gaza

También constata una vez más el fracaso del proceso de paz iniciado con los Acuerdos de Oslo de 1993 que permitieron el reconocimiento mutuo entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel. Unos Acuerdos que permitieron al líder palestino Yasser Arafat regresar desde su exilio en Túnez e instalarse en Gaza donde hacia seis años se había fundado una nueva organización palestina, el Movimiento para la Resistencia Islámica (Hamas).

Los Acuerdos también supusieron la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que, desde las primeras elecciones de 1996 es gobernada por la OLP y administra 'oficialmente' los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, aunque sin ejercer el poder de manera efectiva. De hecho, Hamas controla la totalidad de Gaza desde que en 2006 lograse la mayoría absoluta en las elecciones al parlamento palestino y desalojase a la OLP del poder expulsando de la Franja al principal partido de la OLP, Fatah. Resultado que, no reconocido por la comunidad internacional, supuso la ruptura de la unidad de acción de la causa palestina.

Desde entonces no se han celebrado nuevas elecciones por la falta de acuerdos de las dos facciones palestinas lo que ha conducido a una situación desigual en el gobierno de Gaza y Cisjordania, hostil a Israel el primero y de donde el ejército israelí y los más de 9.000 colonos instalados allí se retiraron en 2005 y más favorable en el segundo, donde habitan más de 700.000 judíos (la mayor parte en asentamientos en la zona controlada por Israel) junto a 3.200.000 palestinos y en donde un 60 % del territorio es controlado de forma efectiva por Israel.

No obstante, y en ambos casos, desde su anexión en 1967 durante la guerra de los Seis Días, Israel ejerce el control de de las fronteras terrestres, marítimas y espacio aéreo tanto de Gaza como de Cisjordania. Por ello y además de exigir la retirada de los territorios ocupados en su famosa resolución 242, la ONU recuerda paradójicamente la obligación de Israel, como 'potencia ocupante', de cumplir la Cuarta Convención de Ginebra en los territorios ocupados, especialmente su artículo 27, por el que debe garantizar la protección de los civiles.

Una población civil que, lamentablemente está jugando el papel protagonista de la contienda. La palestina, masacrada por el Ejército israelí pero que también sirve de 'escudo humano' a los combatientes de Hamas acusados de diluirse entre ella y la israelí, asesinada y secuestrada en el ataque del 7 de octubre y que es moneda de cambio en el juego terrorista que se ha tornado victimista.

Una población que es objeto además de una guerra de información, por la que los contendientes buscan argumentos que justifiquen sus propias acciones influyendo sobre las percepciones de actores externos que mantiene dividida a la comunidad internacional sin el necesario consenso alrededor del Consejo de Seguridad de la ONU para lograr una resolución que logre detener la actividad militar de ambos bandos. Esa 'otra guerra', la de propaganda (Information Wafare, en término militar anglosajón), es tan importante o más como la real que se libra sobre el terreno.

Pero con independencia del devenir político y militar de un conflicto larvado en el tiempo, la nueva guerra desatada desde hace casi dos meses merece algunas consideraciones en materia de Derecho Internacional Humanitario (DIH) y en consecuencia sobre las razones que asisten a uno y otro en el empleo de los medios militares y estrategias asociadas.

Fue el horror de la batalla de Solferino en 1859, el que dio origen a la creación de la Cruz Roja pocos años después y donde se sentaron las bases del DIH entendido como la colección de normas que trata de limitar los efectos en los conflictos armados (jus in bellum). Considerado como parte del Derecho internacional público, el DIH recoge las reglas de la conducción de las hostilidades, limitando la elección de los métodos y medios de combate (Convenio de La Haya) y las que protege a la población civil y a los No combatientes (Convenios de Ginebra).

Sin embargo, no hay que olvidar al DIH como parte del Derecho a la Guerra de los Estados (jus ad bellum) que recoge la Carta de las Naciones Unidas. La guerra no está prohibida y en el supuesto que un Estado reciba una agresión, le asiste el derecho de legítima defensa de acuerdo con el artículo 2.4 de la Carta, aunque parte de esa reglamentación de la guerra legitima se refiere al DIH y a las formas del recurso a la fuerza con la finalidad de disminuir su uso abusivo para solucionar las controversias internacionales.

Mucho se ha hablado tanto de la desproporcionalidad de la reacción militar israelí y su impacto sobre la población civil como de la utilización de ella como protección de la milicia de Hamas. Pero sin embargo parece que la Comunidad internacional, que en su mayor parte considera a Hamas como organización terrorista, se inclina a creer que sólo lo primero atenta contra el DIH y sus normas que regulan el uso de la fuerza militar en la guerra y los conflictos armados.

Como argumenta Shlomo Ben Ami, antiguo primer ministro laborista de Israel y exembajador en España, ya no hay victorias militares gloriosas e Israel tiene que comprender eso. Sin embargo, el Estado judío tiene derecho a la autodefensa de sus ciudadanos y así lo ha hecho siempre sin haber comenzado ninguna guerra, ni siquiera ésta.