El mercado de la vivienda

Artículo 33

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

La Constitución española de 1978, fruto de un pacto de hombres de bien y, mayoritariamente, aprobada por el pueblo español, única aprobada por referéndum en toda la Historia de España, está siendo bombardeada por tierra, mar y aire.

El nacionalismo independentista y los partidos extremos no cesan en su acoso, y esto va a peor, cuando un Gobierno desnortado no sabe qué hacer para conservar los sillones.

Aquel espíritu de consenso de 1978, que unió en un mismo propósito a personas tan distintas como Manuel Fraga, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez y Felipe González, ha saltado por los aires por causa de los malos españoles.

Y uno de los palos de la baraja que sostiene el bienestar de España es sin duda el Derecho a una vivienda digna.

Hijos que no pueden o no quieren independizarse del refugio paterno se agarran, como clavo ardiendo, a la dificultad de acceder a una vivienda digna. El enfoque que quiero dar a este artículo es el de un profesional de la economía, no entro en otro de carácter filosófico, político o, sencillamente, demagógico y/o anti sistema.

La vivienda es, entre otras cosas, una mercancía y su mercado está sujeto a la Ley de Oferta y la Demanda, en un mercado regido por la libre competencia, eso es así, aunque ideológicamente no nos guste. Supongo que los animalistas aman a los leones, pero el hermano león, si tiene hambre, se va a zampar al animalista, por ley natural, es decir, sin acritud.

Pues, lo mismo ocurre con el mercado, si hay muchos que compran y muchos que venden van a conseguir el mejor precio para una vivienda o cualquier mercancía.

El problema es que en la economía interviene muchas otras causas en la determinación de los precios, que tienen que ver con las expectativas del comprador o del vendedor y, en la seguridad jurídica de las leyes que protegen el funcionamiento del mercado.

En cuanto a las puramente económicas, basadas en el funcionamiento del mercado, puede suceder que el mercado no sea perfecto, bien porque los vendedores sean muchos y los compradores pocos o al revés. Y entonces los vendedores, si son pocos, podrán conseguir un mayor precio y, si son los compradores los pocos, podrán conseguir un menor precio.

Del mismo modo, puede que estemos en presencia de un artículo de primera necesidad y, entonces el comprador está obligado a comprarlo y está dispuesto, también, a pagar un mayor precio, o que el vendedor tenga necesidad de vender, bien porque el producto sea perecedero o que tenga que pagar una deuda que le vence y entonces estaría dispuesto a vender más barato.

¿Qué ocurre con la vivienda hoy?

En primer lugar gran inseguridad en el cobro de alquileres por diversas causas: tribunales colapsados, leyes súper protectoras, que protegen a los chorizos, mal llamados okupas, situación que no se producen en países de nuestro entorno, como Alemania. Eso hace que la oferta de alquileres se retenga, especialmente, en aquellos que utilizan su renta como un complemento de pensión, esto no es un tema de los fondos buitre, como dicen los demagogos. Los fondos buitre tienen una pléyade de abogados para pleitear y capacidad de resistencia, el pequeño arrendador no.

En segundo lugar, y también muy determinante, en el precio de la vivienda por lo que tiene en la restricción de la oferta es la burocracia municipal, autonómica y estatal, según los casos, que retrasa la promoción y la salida al mercado de nuevas viviendas.

Y en tercer lugar, la salida al mercado de viviendas de promoción pública realizada por el Gobierno de la nación y los Gobiernos autonómicos, que es escasa.

Los Gobiernos, por acción u omisión, están permitiendo que el coste de la creación de viviendas sociales recaiga sobre los hombros de los particulares, incumpliendo lo establecido en el artículo 33.3 de la Constitución Española que dice:

«Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

Y, ¿qué está sucediendo de hecho, que por medio de la 'ocupación' o por la prohibición legal de desalojar en riesgo de pobreza, y las pocas armas que tienen los tribunales para dictar sentencias en el menor tiempo posible, al propietario se le priva de su derecho de propiedad sin compensación por parte del Estado español y esa situación es la que prohíbe el artículo 33.3 de la Constitución Española.