El fraude fiscal
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Puerta Real ·
En España, gran parte de losmovimientos económicos se desarrollanal margen de la Hacienda PúblicaCuando la economía española aún no se había recuperado de la anterior crisis, el coronavirus ha producido una enorme recesión económica: se ha desbordado la deuda, y el déficit ha conseguido un récord nuevo, pues las administraciones públicas se han visto obligadas a establecer una ... costosa red de protección laboral (los ERTE) y planes para ayudar a familias, autónomos y empresas; y a asegurar el flujo del dinero mediante préstamos y avales públicos. Ante esta situación, solo caben dos soluciones: o bajamos el gasto (imposible ahora), o se recauda más. ¿Significa esto que España, con seis puntos de presión fiscal inferior a Europa, necesita subir los impuestos? Algunos entienden que sí, otros lo consideran contraproducente, porque las empresas están con las arcas vacías. Mientras que el dilema se resuelve, es necesario atajar un problema endémico: el fraude fiscal.
Las reformas en nuestras casas nos las realiza un empresario que no suele cargarnos el IVA; el fontanero o el pintor no lo cobra casi nunca; el médico particular, el dentista, el abogado, el arquitecto, el cristalero, el preparador de oposiciones para funcionario público, y un largo etcétera de profesionales, no declaran sus servicios; en las compraventas de inmuebles, parte del pago se hace en negro; los alquileres de pisos no se declaran… Con esos comportamientos, el erario público no puede hacer frente a las demandas actuales.
España pierde entre 25.000 y 40.000 millones de euros al año por falta de medios para perseguir el fraude fiscal, y, dentro de éste, ocupa una posición privilegiada la economía sumergida, que se cifra en torno al 24,6% del PIB, según Gestha, sindicato mayoritario de técnicos del Ministerio de Hacienda.
Hoy, el fraude en el IRPF estaría en torno a 20.700 millones, según Eurostat; y el 13,8% de las rentas no se declaran en España. Además, el 80% del personal de Hacienda se dedica a controlar el fraude en particulares, autónomos y PYMES, y solo el 20% a investigar multinacionales, grupos empresariales y grandes fortunas, cuando las primeras ya están muy controladas por sus nóminas o por su administración más simple, mientras que, según Gestha, las grandes empresas, entre 2015 y 2018, eludieron 24.300 millones de euros, sobre todo por exenciones y deducciones. Ahora mismo, los españoles tienen en paraísos fiscales 179.000 millones, es decir, el 11,1% de la riqueza nacional.
¿Cómo se puede corregir esa sangría permanente que el fraude y la economía sumergida representan? ¿Qué medios han de utilizarse para que en este país todo el mundo pague los impuestos que le corresponde? El Gobierno ha propuesto la necesidad de pago mediante tarjeta, evitando los abonos en metálico, ¿pero esa medida será eficaz y suficiente? En España, mientras que las corruptelas y el desprecio al fisco no se corrijan, es muy difícil que el Estado disponga de medios para hacer frente a una sociedad avanzada que proteja las carencias y necesidades de los ciudadanos más desfavorecidos.
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