Los graduados sociales, esenciales pero olvidados

Agosto de 2020. Así podría comenzar la bitácora de esta travesía que venimos viviendo en la pandemia, especialmente un colectivo de profesionales casi invisible. Me refiero a los graduados sociales, declarados 'esenciales' por el Gobierno, por su doble condición profesional como asesores laborales y como juristas especializados en la jurisdicción social.

Los graduados sociales están desarrollando su labor con enormes dosis de responsabilidad y sentido del deber. No es fácil.

Las jornadas son interminables, las condiciones insoportables y estresantes dada la incesante e imprecisa cascada de normas publicadas por el legislador, obviando su necesaria aplicación práctica y la falta de recursos para su implantación efectiva y eficaz.

Una Administración desaparecida en su mayor parte y desbordada o inadecuada por otra, que está siendo suplida por los profesionales de la gestión y el asesoramiento que de modo ejemplar y constante vienen soportando situaciones y cargas de trabajo inadecuadas para una correcta y diligente gestión en muchas ocasiones.

Las empresas y los trabajadores no tienen dónde dirigir sus innumerables dudas e incesantes consultas sobre situaciones novedosas que les afectan. Estas dudas, miedos y frustraciones terminan confluyendo en el único punto de acceso para su resolución: los profesionales privados que, al parecer, con más sentido de servicio público que muchas administraciones, están inmunizados para ejercer su actividad y siguen al pie del cañón.

Estos profesionales son un colectivo de casi 25.000 profesionales que gestionan más del 80% de las pymes y micropymes y de los trabajadores autónomos de nuestro país. No solo gestionan y asesoran, sino que representan técnicamente a los mismos ante la jurisdicción social en materias sociales y laborales.

Un graduado social, es por definición un asesor jurídico y económico en materia socio-laboral y empresarial.

Experto en relaciones laborales, economía laboral y de la empresa, recursos humanos y en organización del trabajo y de la empresa, así como en materia de prevención de riesgos laborales. Es una de las tres profesiones jurídicas existentes en España, junto con la de abogado y procurador, legitimadas para la intervención en procesos judiciales ante la jurisdicción social, dada su especialización en derecho laboral y de la Seguridad Social.

Por ello esta situación de crisis les ha sobrecargado de forma muy especial, ya que a diferencia de otros profesionales como son por ejemplo los abogados que han visto suspendida su actividad procesal y que solamente han tenido que hacer frente a asesoramientos y consultas o en el peor de los casos los especializado en laboral a tramitar algún ERTE Covid. Los graduados sociales hemos tenido que sobrellevar y simultanear la gestión con el asesorando sobre actuaciones y situaciones excepcionales a nuestras empresas y trabajadores, hemos tenido que iniciar y gestionar un volumen de ERTE de fuerza mayor sin precedentes con una normativa nueva y en tiempo récord y además sin antecedentes dada su peculiaridad, asesorando y acompañando desde el minuto uno del día quince de marzo a nuestros clientes, conectados por teléfono, email, Zoom, Skype, o cualquier medio virtual que posibilitara la comunicación entre ambos de las innumerables dudas y consultas que se sucedían de forma incesante minuto tras minuto. y horas tras hora durante jornadas de quince horas y durante los siete días de la semana.

Al mismo tiempo, seguíamos manteniendo en cualquier caso nuestra gestión básica, de movimientos de altas, bajas y variaciones ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), confeccionando y tramitando los contratos de trabajo ante el SAE/SEPE, tramitando las incapacidades temporales, los accidentes de trabajo, confeccionando las nóminas y liquidaciones de seguros sociales, moratorias y aplazamientos de cuotas a la SS, así como multitud de gestiones relativas a la gestión de RRHH de las empresas que habitualmente gestionan y asesoran.

Gestiones mensuales periódicas no suspendidas y si cabe más complejas y difíciles de gestionar que nunca ante la 'desbandada de la Administración pública', y todo esto sin dejar de seguir y estudiar el BOE, un día si u otro también, estudiando y aplicando las diferentes instrucciones de las distintas direcciones generales del Ministerio de Trabajo, los Boletines RED de la TGSS, las guías de puesta en marcha de prestaciones SEPE, etc…

Todo ello sin olvidar que también se están gestionado de forma simultánea e incesante las solicitudes de prestaciones por cese de actividad de los autónomos, las prestaciones colectivas por desempleo de los trabajadores en ERTE y tramitando a diario los cambios de situación de los trabajadores para la aplicación de exoneraciones dependiendo del mes y de la causa, así como comunicaciones a la autoridad laboral, al Sepe y la Tgss de las desafectaciones de trabajadores en las empresas.

Sin olvidar su labor tributaria y fiscal, gestionando impuestos trimestrales, renta, moratorias y preparando la documentación económica para los solicitud de préstamos de ICO.

Y como la gran guinda del pastel, en junio se reinician los plazos procesales y las vistas judiciales, toca afrontar juicios por videoconferencia, actuaciones procesales sin presencialidad e intentar recuperar todo lo suspendido, un nuevo reto para todos que requiere del esfuerzo y la implicación profesional sin precedentes.

¿Y saben quién hace todo esto? Los Graduados Sociales. No pretendo desmerecer al resto de los profesionales que están compartiendo espacio y gestionando esta crisis, gracias a todos se está saliendo adelante, pero creo que es de justicia que se visualice y destaque la laboral de los Graduados Sociales, que siendo de los más esenciales, sin duda alguna son de los más olvidados.