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La decisión de la Junta Electoral Central la víspera del comienzo de la investidura de Pedro Sánchez ha servido de chispa para encender el frentismo que se ha abierto en la política española con Cataluña como gran foco de tensión. No tengo los conocimientos jurídicos ... para pronunciarme sobre la resolución de retirar a Quim Torra, presidente de la Generalitat, su credencial como diputado por la sentencia que le condenó por desobediencia y la del rechazo a tramitar la de eurodiputado a Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Cataluña, tras el veredicto europeo sobre su inmunidad antes de ser condenado por el 'procés', pero sí conviene que tengamos presentes algunas cuestiones. La Junta Electoral Central es el órgano superior de la Administración Electoral, absolutamente legal, amparado en una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular a través de sus representantes.
Ocho de sus vocales son magistrados del Tribunal Supremo designados por el Consejo General del Poder Judicial (elegido a su vez por las dos cámaras, fruto de acuerdos entre las fuerzas políticas) y cinco catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología designados en una propuesta conjunta también de los partidos en el Congreso. Se ha podido exceder en sus competencias y ser inoportuna en el calendario aunque la fecha de su reunión estuviera fijada antes que la sesión de investidura, o que sea necesaria una sentencia firme para una inhabilitación, pero en cualquier caso nuestro sistema permite una nueva instancia, ante el Supremo y ante Europa.
Con todo esto lo que quiero decir es que la politización de la Justicia, como la colonización de muchas instituciones por parte de los partidos, no favorece el desarrollo ni el fortalecimiento democrático. La separación de poderes es imprescindible. Dejar atrás la vía judicial en Cataluña, como dijo ayer Sánchez, es ponerlo en riesgo porque el imperio de la ley es fundamental, quien haya cometido delito debe pagarlo y la declaración de independencia no solo fue un error. No puede ocultarse que en aquella comunidad autónoma hay un problema político y de convivencia que plantea una parte de catalanes y es posible que su solución pase por el diálogo y la negociación. Es lo que pretende hacer Sánchez mediante ese pacto con ERC, clave en esta legislatura sobre la que hay muchas incertidumbres, sombras a las que poner luz, como esa mesa Gobierno-Generalitat y una consulta dentro del marco jurídico (entiendo que constitucional) que nunca será un referéndum para la autodeterminación, pero tampoco una plataforma para alcanzar privilegios ni aceptar exigencias como la amnistía que reclamó ayer el independentista Gabriel Rufián desde la tribuna.
La sesión inicial del debate de investidura, con la presencia de 16 partidos, fue un claro ejemplo de la excesiva brecha, del distanciamiento, falta de centralidad política, con dos grandes bloques diametralmente opuestos, pero reflejo de la voluntad expresada en las urnas que culminará en la votación del próximo martes, en la que con una mayoría simple se otorgará la confianza al candidato. Y de ahí saldrá un gobierno legítimo, guste más o menos, que tendrá que serlo para todos los españoles.
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