Una inflación con lastre

En el supuesto, nada improbable, de que en total el IPC se mantenga al alza durante medio año o más, sus efectos operarán como incentivo para una vindicación salarial imposible de eludir. Lo que a su vez contribuirá a la inflación. Al tiempo que el dato de noviembre actualizará las pensiones al 2,5%, y también incrementará los alquileres. Dando lugar en conjunto a un cuadro social y económicamente complicado de manejar. Al aferrarse a la naturaleza coyuntural de la inflación, las instituciones concernidas dan a entender que esperan que 2022 no desbarate sus distintos pronósticos, para poder regresar en 2023 al cauce de la disciplina presupuestaria.

La incomparecencia del Gobierno, después de que el INE adelantara tan preocupante IPC, podría deberse oficialmente a que espera a la confirmación o no del dato la próxima semana. Pero hay razones para suponer que en el Consejo de Ministros se ha generalizado la estrategia, hasta hace poco exclusiva de Sánchez, de ser portavoces únicamente de buenas noticias y anuncios providenciales. El consenso estamental sobre la naturaleza pasajera de la inflación ayudaría, en este caso, a ello. Pero resulta especialmente desconcertante que, aun asumiendo como principio constitucional las bases de la economía de libre mercado, la caracterización del momento inflacionista como coyuntural –caracterización que de manera voluntarista podría extenderse hasta a los ciclos económicos– las instituciones tiendan a ser meras espectadoras de la subida de precios, presentando su inacción como virtud de prudencia también del Gobierno de coalición.