¿Qué política de defensa necesita España?

Primero, porque el incremento del presupuesto de defensa no se traduce de manera lineal en una mejora de las capacidades militares. Una capacidad militar es un sistema integrado que genera determinados efectos. En la doctrina española dicho sistema se compone de materiales, infraestructuras, recursos humanos, adiestramiento, doctrina, organización e interoperabilidad. Por tanto, antes de nada, habría que preguntarse qué capacidades militares necesitamos y, a continuación, cuánto cuestan. Priorizar como métrica un determinado porcentaje del PIB es un recurso fácil desde el punto de vista del discurso político, pero resulta insuficiente al abordar la política pública de defensa. Entre otras cosas porque si sólo nos contentamos con aumentar el gasto, quizás convertiremos esta ventana de oportunidad histórica en un buen negocio para ciertos programas industriales anclados en conceptos desfasados, en lugar de un salto real en capacidades.

Segundo, antes de preguntarnos de qué capacidades nos dotamos –y qué presupuesto requieren– lo razonable sería tener claro para qué las necesitamos. Toda estrategia posee tres elementos: fines, modos y medios. Las capacidades son medios. Luego, ¿cuáles son los fines? Porque, en función de los objetivos estratégicos que nos propongamos (fines) y de las líneas actuación para alcanzarlos (modos), deberemos priorizar unas capacidades sobre otras.

Si tenemos en cuenta que la política de defensa no consiste exclusivamente en garantizar la integridad territorial, sino que es parte de la acción exterior y (en caso de que existiera) de una gran estrategia de país, lo lógico sería preguntarse primero ¿qué lugar quiere ocupar España en el mundo? ¿para qué, dónde y cómo quiere influir? y, acto seguido, ¿cómo puede contribuir a ello la política de defensa? Estas preguntas son a primera vista muy generales, pero a partir de sus respuestas surgen nuevos interrogantes relevantes para la política de defensa. Por ejemplo, ¿debe priorizar España la seguridad en el Sahel y África Occidental por encima de otras áreas regionales, poniendo en valor lo que esta contribución supone para el conjunto de Europa en un momento en el que parece que sólo hay problemas en el Este? ¿Se deben priorizar las capacidades aeronavales en detrimento de las terrestres para convertirnos en un referente europeo en proyección anfibia o, por el contrario, apostamos por una fuerza conjunta equilibrada para atender un amplio espectro de misiones pero sin pretender destacar en un nicho concreto?

A principios de este siglo el gobierno impulsó la primera Revisión Estratégica de la Defensa. Fue un proceso de casi dos años, protagonizado por políticos, funcionarios y representantes de la sociedad civil. Se tradujo en un acuerdo de Estado entre las principales fuerzas parlamentarias de aquel momento (PSOE, PP, CiU y Coalición Canaria) y en un libro de más de trescientas páginas en el que –en un raro ejercicio de autoconciencia estratégica– se explicitaron y jerarquizaron los intereses nacionales. La Revisión Estratégica de la Defensa estableció directrices guía de la política de defensa hasta el horizonte 2015. A pesar de que la Directiva de Defensa Nacional 2012, planteaba la necesidad realizar una nueva Revisión, ningún gobierno ha vuelto a iterar el proceso. Es verdad que la crisis económica, el desafío independentista en Cataluña, la pandemia y la dificultad de formar gobiernos estables no han favorecido una reflexión estratégica pausada y compartida. Sin embargo, la ausencia de un marco estratégico sólido sobre el que fundamentar la política de defensa española entraña una vulnerabilidad poco justificable. Si se consolida la tendencia al alza de la inversión en defensa, –y ahora mismo todo apunta en esa dirección– lo lógico sería que la política pública de defensa, y la política industrial asociada a ella, se basen en planteamientos solventes. Una nueva Revisión Estratégica de la Defensa proporcionaría un buen punto de partida para afrontar los años inciertos que tenemos por delante.