Narcos y seguridad nacional

Por ello es necesario afirmar que el problema de narcotráfico en nuestro país es un asunto que trasciende nuestras fronteras. Es una amenaza en la que intervienen redes transnacionales que emplean estrategias y medios mucho más poderosos que las conocidas narcolanchas. Su origen está más allá de donde la acción del Estado español pueda llegar, pero lo que es indudable es que tiene como objetivo a la propia sociedad española. Por ello, las detenciones realizadas en Barbate a las pocas horas de los sucesos no nos deben cerrar los ojos y pensar que el problema está en vías de solución. Nos encontramos inmersos en un potencial conflicto de carácter global, el del narcotráfico, que afecta al propio territorio nacional, cuyo riesgo y amenaza se mencionan en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional 2021.

Una seguridad nacional entendida como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales (…) tal y como se establece en la ley que la regula. Una seguridad nacional que tiene como componentes, no solo la propia seguridad pública, sino también la acción exterior del Estado y la defensa nacional. Una seguridad nacional, en definitiva, que debe ser capaz de proteger a la sociedad de una forma global de la lacra de la droga y el tráfico que ello supone y que debe activar todos los mecanismos a su alcance para ello.

Unos mecanismos que, en clave interna, se habían mostrado efectivos hasta el momento con los medios puestos a disposición de la Guardia Civil especialmente desde 2018, cuando para hacer frente a la crítica situación que el narcotráfico había originado en el campo de Gibraltar, la Dirección General de la Guardia Civil puso en marcha el plan Carteia, un operativo especial contra el narcotráfico para contrarrestar la impunidad con el que los narcotraficantes se movían en la zona que incluso les llevaron al delirante asalto al Hospital de La Línea de la Concepción para liberar a un narco del clan Castaña.

El operativo Carteia, enmarcado en el denominado Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar del Ministerio del Interior, supuso la creación del conocido Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON-Sur), que junto con las Unidades de la Guardia Civil del Grupo de Acción Rápida (GAR) y el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), y hasta su disolución en el mes de septiembre de 2022, llevaron a cabo la detención de más de 5.500 personas y la incautación de más de 300 toneladas de droga mediante la realización de más de 2.600 operaciones antidroga. La disolución del OCON-Sur supuso la vuelta a la primera línea de la lucha contra el narcotráfico de las unidades de Policía Judicial de las Comandancias de la IV Zona de la Guardia Civil que comprende Andalucía. Al mismo tiempo, y debido al éxito inicial obtenido, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar fue ampliándose sucesivamente en 2020 a las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva y en 2022 a Almería, Granada y Sevilla.

No obstante, y a pesar de que se ha asegurado la dotación económica del Plan hasta el 2025, y aun cuando las aguas de Barbate hayan vuelto a la calma, desde la desaparición del OCON-Sur y a pesar de los esfuerzos que la Benemérita sigue realizando, la situación no ha mejorado y nos ha llevado a una situación límite en la que es difícil olvidar lo ocurrido en Barbate y que nos debería hacer pensar si el Estado debería aumentar los medios disponibles para enfrentar de una vez por todas el riesgo global con el que el narcotráfico amenaza a la sociedad.

La ley de Defensa Nacional 5/2005 encomienda a las Fuerzas Armadas la vigilancia de los espacios marítimos, como contribución a la acción del Estado en la mar, la vigilancia del espacio aéreo y el control del espacio aéreo de soberanía nacional y aquellas otras actividades destinadas a garantizar la soberanía e independencia de España, así como a proteger la vida de su población y sus intereses. Con unas capacidades militares que podrían multiplicar exponencialmente las actuaciones en la lucha contra el narcotráfico, nuestras Fuerzas Armadas podrían ser empleadas en apoyo a la Guardia Civil.

El Ejército del Aire, por ejemplo, posee sofisticados aviones de patrulla y vigilancia marítima capaces de identificar objetivos a largas distancias, aumentando de forma exponencial las posibilidades del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil. Nuestra Armada además dispone de excelentes patrulleros marítimos de litoral y de altura excelentes para el control de tráfico marítimo dentro de las aguas jurisdiccionales españolas que también podrían apoyar a la Guardia Civil en sus labores de vigilancia marítima.

Se pueden encontrar ejemplos en otros países donde las Fuerzas Armadas han sido empleadas en esas labores. El Ejército mexicano está desplegado desde 2006 en apoyo de la lucha contra el narcotráfico y aún hoy en día la sigue desempeñando. En la mencionada Colombia, en 2021 se activó un nuevo Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) para implementar estrategias contra el narco crimen. En Argentina, se están dando los primeros pasos para la utilización de sus Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía en operaciones contra el narcotráfico.

No es la primera vez que nuestras Fuerzas Armadas españolas han actuado en misiones similares incluso en el exterior de nuestras fronteras. Baste recordar la todavía existente exitosa operación Atalanta contra la piratería en el cuerno de África donde las tasas de criminalidad descendiendo radicalmente con el empleo de las Marinas Nacionales y las Fuerzas Aéreas de la Unión Europea.

El asesinato de los dos Guardias Civiles, servidores públicos, merece al menos un análisis en profundidad sobre la lacra del narcotráfico que dejó entrever ante el conjunto de la sociedad española una flagrante debilidad en cuanto a los medios puestos a su disposición en materia de seguridad. La pérdida de sus vidas en defensa de los ciudadanos contra una delincuencia que afecta al conjunto de la sociedad española va mas más allá de lo que ocurre en el Campo de Gibraltar y es evidente la falta de los medios asignados para ello en contra de lo que propugna el art. 107 de nuestra Constitución.