La solidaridad

Ansell atribuye el contenido de la solidaridad al Estado. Éste es el encargado de proteger a los desfavorecidos, a través de los impuestos, de tal modo que todos los ciudadanos disfruten de la misma sanidad, educación, jubilación, ayudas ante adversidades como el desempleo, catástrofes o los desequilibrios interterritoriales… Lo que nos lleva a pensar, en estos momentos en los que la sociedad española se ha movilizado recogiendo alimentos, ropa, maquinaria, dinero… para los valencianos damnificados por la DANA, ¿la solidaridad, en estos casos, corresponde a la empatía de los ciudadanos, de asociaciones u organizaciones no gubernamentales o debería asumirla el Estado?

Dando por sentado que el Estado o el Gobierno no hace esfuerzos, sino que toma decisiones con el dinero de nuestros impuestos, resulta esperpéntico el circo montado en toda España con esta catástrofe. Todas las cadenas de supermercados y de distribución de alimentos tienen reservas suficientes para enviar al lugar del siniestro los víveres necesarios para los habitantes afectados. Y durante el tiempo que haga falta. Del mismo modo, la industria de maquinaria y herramientas dispone de los efectivos suficientes para abordar los trabajos de urgencia en las inundaciones. Y el Gobierno cuenta con inspectores de sobra para controlar y testificar el valor de los servicios prestados, para garantizar el pago de los mismos. Porque delegar en los parlamentarios estos trabajos no ofrecería garantías, con la experiencia de las mascarillas… Además, éstas no son sus funciones, ni las de achicar agua.

Es muy loable la labor de Cáritas, del Banco de Alimentos, de ayuntamientos… en beneficio de los damnificados…, pero las necesidades creadas por esta catástrofe no pueden estar sometidas al voluntarismo, a la emotividad y generosidad de los conciudadanos. El Gobierno debe garantizar que la solidaridad consiste, como escribe Ansell, «en ayudar a los desafortunados a levantarse, a garantizar que la comunidad no deja atrás a nadie». Y tiene que vigilar para que las ayudas lleguen a quienes les corresponda y en la cuantía justa. Pues se abre la puerta de los fraudes.

Depurar responsabilidades es justo. Pero resulta más noble solucionar los problemas y aprender para el futuro. La política carroñera es deleznable.