Cortes en guerra

La realidad se impone, por más que ahora que vamos al rearme los gobernantes acudan al arsenal de eufemismos al que nos han acostumbrado cuando pintan bastos. Claro, edulcoran la realidad a medida del infantilismo que fomentan e impera. Sí, son tiempos procelosos de los que mejor sería no tener que hablar, pero que encima son gestionados por lo peorcito de cada casa. Repasen el panorama de mandatarios cercanos y lejanos. Notarán el repelús.

Sí, son tiempos belicosos y conflictivos. Lástima que Heráclito tuviera tanta razón cuando ya en el siglo V a. C., dibujó el panorama existencial del ser humano, el de entonces y el de siempre.

En el caso ERE, las hostilidades contra la Audiencia de Sevilla las abre el presidente del TC, que quiere evitar a toda costa que la Justicia europea sepa lo que de sobra sabemos los andaluces: Un caso de corrupción mayúscula cuya pieza política se llevó por delante a muchos putrefactos, incluidos presidentes y consejeros de la Junta de Andalucía. Un desfalco de 680 millones de euros repartidos de forma opaca, clientelar y sin control por políticos de aquí. El caso fue investigado y sentenciado en Sevilla, y ratificado por el Tribunal Supremo. Pero, luego –mire usted por donde- el TC se encargó de desmontar la condena.

Los dedicados al Derecho tenemos la obligación de recordar que el TC no es órgano jurisdiccional, no es una casación del Supremo. Lo llamamos tribunal para entendernos, pero es un órgano político que resuelve con pautas jurídicas, sin formar parte del Poder Judicial. Solo cuando se ataca la constitucionalidad debe pronunciarse, como instancia de garantías que es. El máximo tribunal jurisdiccional en España es el Supremo. El TC es órgano de extracción política, con exministros entre sus integrantes. El TC no está para interpretar la legalidad penal; ni la penal ni ninguna otra normativa ordinaria. No es un órgano 'supra judicial', y menos para asegurar la inmunidad de políticos abyectos.

La hostilidad se produce cuando el TC suplanta al Supremo e invade la justicia ordinaria. Y eso es lo que ahora ponen en evidencia los jueces de Sevilla, pues el TC se ha extralimitado al reinterpretar la prevaricación y la malversación de los ERE, incumpliendo así las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción.