Felpudo

Hasta hace poco la Constitución nos igualaba en términos jurídicos, y ahora nos diferencia, distingue entre españoles de primera y de segunda, marca diferencias –quizá irreconciliables- entre territorios y favorece a unas élites políticas echadas al monte por propia voluntad. Sí, tengo la impresión de que antes el Derecho Constitucional era clave de convivencia, y ahora es un felpudo.

Con la actual deriva entiendo que haya juristas que estén a punto de cortarse las venas. Con este nuevo frentismo que se pasa por el forro las normas esenciales del contrato social, muchos constitucionalistas se cortarán las venas como hizo Séneca cuando Nerón decidió apiolar a aquel sabio de origen cordobés que ya no le bailaba el agua; aquel hispano no iba a torcer el carro al emperador, a sus vanidades y a su adicción enfermiza al Falcon. Y por eso lo condenó a morir desangrado en la bañera.

Considero que una cosa es interpretar la Constitución y otra muy distinta retorcerla como un guiñapo con el único objetivo de perpetuarse en el poder, y ello –encima- beneficiando a unos cuantos privilegiados que atentaron contra la propia Norma Básica.

No se trata de prohibir las bajadas de pantalones (que allá cada cual), se trata de no poner de moda la indignidad por más que forme parte de lo rastrero de la condición humana. Se trata de no mandarlo todo al carajo por el capricho de unos cuantos.

Para acabar pongo un ejemplo que quizá sea punta de iceberg: Los juristas teníamos claro que en el Congreso los parlamentarios representaban al total de la nación, al pueblo en su conjunto, no a los parroquianos de una demarcación por la que resultaron elegidos. Así viene siendo desde la Constitución de Cádiz, y luego todas las demás que han trufado la –digamos azarosa historia política española. Desde 1812, todas las Constituciones afirmaron lo mismo, también la republicana del 31 y la actual de 1978. Y no es un invento español, ya en 1789, la Revolución francesa se dice algo similar: 'Una nación, una ley y una lengua'. Y, a propósito de lenguas, no perdamos de vista el art. 3 de nuestra Constitución –todavía- vigente: el castellano es la lengua española oficial del Estado, y las demás lenguas españolas serán también oficiales en cada autonomía.

Y ello tampoco es invento. Es calcado a lo reconocido en otros Estados europeos que cuentan con lenguas oficiales en sus respectivos territorios. Pero, sus asambleas legislativas estatales emplean solo el idioma común.