Okupación

En un gesto reflejo se llevó la mano al pecho, y la mantuvo allí extendida unos instantes, como impidiendo que su corazón saltará de la urna torácica. Con la otra mano se apoyó en el quicio de la entrada, y no atravesó el umbral hasta que no hubo acompasado la respiración. Tranquila, tita. He abierto –le dije– con la llave que tengo. La tomé del brazo y nos sentamos en la salita. Sus primeras palabras tras el soponcio fueron estas: Creí que eras un 'okupa' de esos que ahora tanto menudean, que una vez dentro de vivienda ajena no salen de allí ni con agua hirviendo y entonces hay que contratar una empresa que –con mucho mimo– invita a los intrusos a ir saliendo.

Noté que tía Gertrudis estaba escamada con el tema de los okupas, que le preocupaba este asuntillo tan hispano y tolerado por los gobernantes, tan curioso –digamos– ya que cuesta Dios y ayuda poner a los hurones de patitas en la calle. Para tranquilizarla le conté que, al respecto, algo está cambiando; no a nivel legislativo, sino gracias a que juristas de ciudades donde más padecen la tara, han decidido poner coto a la okupación ilegal (que por eso lo escribo con k).

En España existe un problema creciente de okupación. La problemática afecta a miles de sencillos propietarios. Si atendemos los datos de Interior, en 2023 se registraron 15.289 okupaciones, sí, de allanamientos o usurpaciones de inmuebles y nada se hizo, salvo advertir al dueño de que se le caerá el pelo si cambia la cerradura o corta el suministro de luz, agua, gas y otros fluidos. El dueño debe seguir pagándolo todo, también la comunidad, el IBI y el sursuncorda. Solo le falta llenar la nevera.

Si el propietario es el santo Job y va por derecho, ya sabe que un proceso de desalojo tarda –de media– de dos años; tiempo suficiente para perder la cabeza y la pasta en el empeño, porque –claro– el okupa es insolvente.

Menos mal que algunos jueces han decidido avalar el desalojo exprés de los okupas sin previa autorización judicial, si se actúa en 24 horas. De modo que la policía interviniente extenderá acta de daños que incorpora al atestado y se envía al juzgado de guardia, que cita a juicio de los intrusos.

Los magistrados agilizan así la expulsión de los okupas y la tramitación judicial ante un delito tan flagrante.

Ya es hora de homologarnos con Europa también en la capacidad legal para que la autoridad desaloje pitando, pues okupar no es derecho.