Abusos sexuales en la Iglesia

Se puede observar una doble impronta entre las personas que se formaron en el ámbito eclesiástico. Los que agradecen la formación recibida y recuerdan con cariño aquellos años de convivencia, y los que exhalan odio contra los curas y la religión: parece que fueron víctimas de una experiencia traumática.

Entre éstos pudiera encontrarse el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Persona que fue religioso en la Congregación del Sagrado Corazón, y profesor en la Orden hasta los treinta años, cuando «cuelga los hábitos» y convalida sus estudios eclesiásticos de filosofía, en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue catedrático de Metafísica, y Rector. Y digo esto, porque en el informe que presentó el pasado mes de octubre sobre los abusos sexuales en la Iglesia, denunciaba «el impacto devastador» de esta problemática, y la respuesta «insuficiente» y «dilatoria» de la institución.

Aunque el informe merece un amplio análisis, para el que no tengo espacio aquí, es curioso que, seis meses después de entregar el mismo a la presidenta del Congreso, el Consejo de Ministros, previo al «retiro espiritual» del Presidente del Gobierno, apruebe un plan para «indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica, cuyos casos se produjeron hace décadas, han prescrito o no han aportado pruebas suficientes».

Y el Ejecutivo, según Europa Press, para dar respuesta a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, tiene previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares. «Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos».

Además, exige a la Iglesia la compensación económica establecida en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüeyo, muestra su disconformidad, porque la Iglesia hace tiempo que viene trabajando y reparando lo que le corresponde. Y porque esta normativa se ha hecho específicamente para la Iglesia (ad hoc), y tomando en consideración casos que no pueden ser probados o que están más que prescritos en la vigente legislación. Por lo que es discriminatoria, ya que hay abusos en numerosas instituciones sociales: en familias, colegios, clubs deportivos, centros de menores… Y los de la Iglesia representan un porcentaje exiguo respecto a la totalidad. Pero el tsunami político levantado por Sánchez ha oscurecido un tema recurrente de acoso y derribo a esta Institución que, con sus luces y sombras, sigue aportando grandes servicios a la sociedad. Pese a quien pese.