'Eregías' (III):Los millones que no son

Sólo un necio negaría que el llamado caso de los ERE fue un gran fraude, como reconoció José Antonio Griñán en 2015, con abundantes manifestaciones de corrupción. Más de cien intrusos se colaron en la pólizas de prejubilación financiadas con fondos públicos, numerosas ayudas se concedieron sin procedimiento o con trámites raquíticos, sin concurrencia y ayunas de publicidad; se financiaron arbitrariamente proyectos de creación de empleo o inversiones que no se materializaron, se concedieron ayudas a empresas fantasma; y, en el contexto de empresas en crisis, pero supuestamente viables, se concedieron subvenciones para abonar nóminas atrasadas, pagar deudas, avales, etc. Algunas ayudas lo fueron sin ton ni son. Y, como los caminos del Señor son inescrutables, unos llegaban y otros no (los afines y medradores que siempre habitan en los aledaños del poder lo tenían más fácil). A Granada sólo le tocó la pedrea. IDEAL informó en su día sobre una pieza separada del caso de los ERE que versa sobre los fondos públicos que recibieron Cespa y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) entre 2006 y 2007 «a fin de solventar el conflicto laboral» que existía con los trabajadores del sector de la limpieza pública de la provincia de Granada. El incendio que existía en ese sector se intentó sofocar con la manguera del maná público para financiar subidas salariales. Entre lo más destacado en las tertulias figura el caso del conseguidor que juntó dinero para asar una vaca, según su madre. Y para colmo (¡que no se olvide!), el chófer del factótum del fraude, el conocido director general de Empleo, percibió dos subvenciones (con 'empresas' de por medio) por importe de 450.000 euros cada una. Según su confesión, una parte de ellas las habría empleado en drogas y fiestas. Vomitivo y muy grave, fuese la cantidad que fuese, pero comprueben este titular de un medio digital poco antes de las elecciones andaluzas de 2022: «El PSOE Andaluz que malversó 680 millones para prostíbulos o cocaína promete una ley contra la prostitución». ¡Uf! Por echar más leña al fuego que no quede. Si la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero (como enseña Machado por boca de Juan de Mairena), y sólo la verdad nos hará libres (aunque en este caso no se refiera a la palabra de Jesús), las cifras del caso ERE importan. Sepamos que la mentira persiste. ¿680 millones de euros gastados «en drogas, fiestas y prostíbulos»? Esto es lo que se dice en un artículo de opinión hace tan sólo unos días.

Y aun desposeyendo al relato de la maldad que supone cifrar en cientos de millones de euros las cantidades gastadas por los golfos de los ERE en «putas y coca», hace tiempo que se impuso el dogma de que la Junta instauró un «sistema ilegal» para perpetrar «un robo de 680 millones de euros». No es una hipérbole, es sencillamente una mentira que ha calado en la opinión pública. ¿Han pensado los autores y propagadores de la misma en el daño que han hecho a la Junta de Andalucía y, con ella, a todos los andaluces, al presentar a la institución como la 'Cueva de Alí Babá', como un antro de vicio y perversión capaz de dilapidar 680 millones de euros? Me temo que les importa una higa, porque en la contienda política, como en las competencias amorosas, «se tienen por buenos los embustes y marañas que se hacen para conseguir el fin que se desea, como no sean en menoscabo y deshonra de la cosa amada» (así lo advertía el sabio Don Quijote). A estas alturas, toda opinión que se oponga al 'dogma 680' será tenida por 'eregía'. ¿De dónde sale semejante cifra? Basta con leer la sentencia del Tribunal Supremo 749/2022 para averiguar que dicha cantidad se corresponde con los créditos presupuestados para ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis entre 2000 y 2009. O sea, que en la versión torquemadiana de los ERE todas las ayudas sociolaborales presupuestadas habrían sido un latrocinio, se desviaran o no de la finalidad legalmente prevista.

Ana Mª Ferrer García y Susana Polo García, dos magistradas del Tribunal Supremo, dieron en la tecla al destacar que una cosa es que se concedieran ayudas claramente fraudulentas que nunca se debieron conceder y otra bien distinta es que todas las ayudas fueran improcedentes desde una perspectiva sustantivo-material, ya que «un porcentaje de las subvenciones ilegalmente otorgadas también se habrían dado en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada». Sólo les faltó decir que la abrumadora mayoría. En este punto, no era necesario que el Tribunal Constitucional pusiera en solfa lo declarado por la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, censurando que consideraran ilegal un sistema de ayudas amparado en la Ley del Presupuesto (dejando aparte, claro está, las que se desviaron de su fin). Con ser grave, que lo es, cualquier malversación y toda manifestación de corrupción, hace tiempo que la dogmática cifra debió rectificarse en aras de la verdad, porque resulta que la mayor parte de los 680 millones de euros no se han recuperado ni se van a recuperar, y eso hay que explicárselo a los andaluces diciéndoles que se emplearon en ayudas sociolaborales ligadas a la extinción de puestos de trabajo, y fueron concedidas a más de 6.300 trabajadores de 77 empresas, afectados por ERE. A los trabajadores no se les puede responsabilizar de que la Administración no tramitara correctamente dichas ayudas. De hecho el Gobierno andaluz sigue y seguirá pagando hasta 2026 ayudas a los prejubilados de los ERE. Los andaluces merecían y merecen la explicación que no supo dar la Comisión de investigación que se creó en 2012 sobre las irregularidades en los ERE. Los grupos parlamentarios se tiraron los trastos a la cabeza, pero si en algo hubo consenso fue en la obligación de respetar y asumir las ayudas sociolaborales concedidas a los trabajadores de buena fe, como puede verse en el voto particular que hizo el Grupo Parlamentario Popular, subrayando que así lo exige la seguridad jurídica. Lo sucedido en la Consejería de Empleo en ese período «horribilis» fue muy grave; fallaron los controles de manera estrepitosa y se cometieron delitos que deben ser castigados, pero la dignidad de los andaluces y la buena fama de la Junta de Andalucía padecen con la salmodia en la que se repite, una y otra vez, que se robaron 680 millones a los parados andaluces. Quede ese aserto, con el candado echado, en el 'almario de embustes'.