Es Navidad

Y aquí seguimos discutiendo si son galgos o podencos. Sepan los necios que esto es blanco y en botella. «¿Usted a todo eso cómo lo llama? Pues naturalmente esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial». Esta es la pregunta retórica y la respuesta que ofrecía Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, en las que califica a Venezuela como «régimen dictatorial y autoritario» en declaraciones hechas en una reciente entrevista concedida a Telecinco. La conclusión es que «Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y lo es mucho menos después».

En efecto, es una dictadura, como ha dicho Margarita Robles. Hace mucho tiempo que Venezuela dejó de ser una democracia, aunque celebre elecciones y siga conservando instituciones con las que el régimen dictatorial pretende dar la apariencia de un Estado de Derecho, sólo la apariencia. La celebración de elecciones libres, limpias y justas se ha convertido en misión imposible, como se ha visto en las del pasado 28 de julio. El régimen de Maduro no quiere contrincantes opositores con posibilidades de éxito electoral y pulsó el botón de las argucias jurídicas, inhabilitando a Henrique Capriles y a María Corina Machado. Ningún amparo podían esperar del mediatizado Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que confirmó la inhabilitación, lavándose las manos.

En esta tesitura hay que llamar a las cosas por su nombre. Ya no es hora de templar gaitas. Maduro es un dictador y así debe calificarse ante la opinión pública, por muchos afeites que le quieran colocar algunos políticos y medios de comunicación, favorecidos por su régimen. Nicolás Maduro arremete contra los que le llaman tirano y apoyan a Edmundo González. Le han faltado calificativos para insultar a Isabel Díaz Ayuso («falangista, fascista y colonialista»). A quien no le caerá ningún chaparrón es a Zapatero, que ha evitado criticar a Maduro y el pasado 24 de septiembre, en el Ateneo de Madrid, se negó a contestar a una pregunta sobre si Venezuela es una dictadura. Él afirma que tiene que guardar silencio y ser discreto por su «deber de lealtad» con Venezuela. ¡Chitón, chitón, que los mediadores nunca hablan! Eso es lo que ha venido a decir. ¡Vaya con ZP! Le ha faltado reconocer que si él criticara al régimen se le acabaría el oficio de mediador en un pispás.

Habrá ingenuos que consideren que Maduro es sólo un bufón deslenguado, pero la represión, las detenciones y las condenas arbitrarias de opositores están a la orden del día en Venezuela. No cejan los ataques contra medios de comunicación y periodistas y van casi 500 casos de desaparición forzada desde 2015. Como la memoria es flaca, conviene recordar que en 2017 se produjeron manifestaciones contra el Gobierno durante varios meses, con un balance de 125 muertos y numerosos arrestos arbitrarios, además de denuncias de brutalidad policial, allanamiento de sedes de organizaciones disidentes y torturas. Hace unos meses, la Corte Penal Internacional rechazó la apelación del Gobierno de Venezuela y ha ordenado continuar las investigaciones por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos en el país desde 2014, de los que responsabiliza al régimen venezolano. Más de siete millones de venezolanos han huido de su país y números dirigentes opositores han tenido que buscar asilo político.

Está bien que Pedro Sánchez destaque el compromiso de España con la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, pero nuestro país no figura entre los que han denunciado ante la Corte Penal Internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro; una dictadura que afortunadamente parece haber entrado en una etapa de descomposición y pérdida de apoyos en el exterior. Es probable que incluso Gustavo Petro y Lula da Silva acaben dando la espalda a Maduro. Esto no se arregla adelantando la Navidad. Lo mejor que puede pasar es que Maduro abandone pacíficamente el poder y no tome posesión de su tercer mandato el próximo 10 de enero. Para propiciar este escenario sería deseable que el Gobierno español y la oposición remaran en la misma dirección.