Vais a comer lumbre

El campo está en pie de guerra. Los costes de la producción agrícola se han disparado hasta alcanzar niveles astronómicos. Los precios de los fertilizantes, las semillas, el gasóleo, la electricidad, los productos fitosanitarios… Todo por las nubes, y junto a ello escasez de mano de obra y una sequía persistente que ha mermado las cosechas, cuando no las ha arruinado. Los ganaderos han tenido que hacer frente a la falta de pastos, incrementando la compra de piensos y forrajes a precios desorbitados. Pero los problemas del campo español no son sólo coyunturales, son, sobre todo, estructurales y no terminarán con la moderación de los precios de los insumos ni con las lluvias que han incrementado las siempre escasas reservas de agua.

Revitalizar el campo es un mantra repetido desde el reinado de Carlos III, un cuento de nunca acabar al que ningún gobierno ha puesto un final feliz, como si no hubiera remedios. El Reformismo Ilustrado del siglo XVIII quiso convertir a España en una potencia agrícola y creyó con inusitado optimismo que la 'Nueva Agricultura' dejaría atrás la pobreza y la despoblación de amplias zonas rurales. A ese planteamiento responden el Memorial Ajustado de Campomanes (1766-67), el Plan de Reforma del Conde de Floridablanca (1771) y el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos (1795). En el contexto de la crisis del 98, la agricultura volvió a ocupar un papel principal en las propuestas regeneracionistas, con Joaquín Costa a la cabeza, quien también consideró que la verdadera riqueza de la nación radica en la agricultura y el problema agrario es el problema fundamental de España. Costa propuso diversas medidas para fomentar la modernización agraria, incluyendo la formación de los agricultores y una política de inversiones con el fin de superar la decadencia de España. En este aspecto destaca su obra Política Hidráulica, que comienza dirigiéndose a los partidos políticos del siguiente modo: «Regad los campos, si queréis dejar rastro de vuestro paso por el poder…».

Desde el siglo XVIII, abundan los diagnósticos y los buenos propósitos, muchas promesas y poco trigo. Los gobiernos adoptan medidas puntuales para paliar los efectos de las crisis agrarias, pero no emprenden las reformas estructurales profundas que necesita el sistema agrario ni ejecutan las apremiantes inversiones en infraestructuras que sigue demandando el campo (sirva como muestra el botón de las canalizaciones de la presa de Rules, que acumulan una demora de veinte años). Y lo que se ha hecho con mayor ambición tampoco sirve para garantizar la sostenibilidad del campo español en un mundo cada vez más globalizado ni para combatir urgentemente los efectos del cambio climático. Los gobiernos han actuado indolentemente, aportando soluciones que alivian el dolor pero no curan los males del campo. Son muchas las explotaciones agrícolas y ganaderas que han desaparecido o desaparecerán pronto, mientras los fondos de inversión toman posiciones comprando tierras para desarrollar modelos de agricultura intensiva, muy tecnificada.

Cuando exista un serio problema de despensa comenzarán a buscarse soluciones aceleradamente. Los gobiernos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Actualmente, junto a los dictados del Estado y de las Comunidades Autónomas, el campo español depende en buena medida de la Unión Europea, de la Política Agrícola Común (PAC), en cuyo diseño actual se han cometido errores de bulto (dicen los entendidos que, hace años, los informes previos contemplaron extender las rotaciones a los cultivos leñosos, lo cual es un disparate). Las movilizaciones de los agricultores han conseguido que la Comisión Europea permita una mayor flexibilidad en las prácticas agrícolas, reduciendo los requisitos medioambientales para recibir subvenciones y permitiendo mayor flexibilidad en los requisitos de rotación de cultivos (nada se dice de la 'alternativa de cultivo').

El ministro Luis Planas ha prometido también flexibilizar medidas como las que se refieren al deber de presentación de fotos geoetiquetadas, la llevanza del cuaderno digital de explotación, etc., que han soliviantado a los agricultores, al exigirles el manejo de móviles y aplicaciones informáticas que no siempre funcionan y requieren conocimientos que no están al alcance de todos. ¿Qué ha fallado? La propia Unión Europea olvidó las exigencias de su programa 'legislar menos, legislar mejor' y el objetivo de simplificación y reducción de cargas en todos los sectores productivos. Otro gallo hubiera cantado si se hubiera respetado la opinión de las organizaciones agrarias. Demasiada burocracia para producir alimentos. Los fisiócratas exigían que el gobierno interviniera lo menos posible, permitiendo que la 'ley natural' de la producción agraria actuara sin obstáculos. Y Jovellanos sostuvo que lo que se debería hacer para favorecer a la agricultura no es multiplicar las leyes, sino disminuirlas. No suena mal como ofrenda a Ceres, sean menos las normas y más útiles y sencillas, que los agricultores no son chupatintas. Para acabar sepan que el panadero no cumplió su amenaza y comimos pan recién hecho. Lo mismo hará el campo bonachón; seguirá alimentando a la ciudad.