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No es una casualidad que España lidere el crecimiento económico y demográfico en la Unión Europea, aunque el incremento de la población no se debe al número de nacimientos, sino a la llegada de inmigrantes de otros países, fundamentalmente de América Latina, de Colombia, Perú ... o Venezuela, que tienen más facilidades legales para tramitar la nacionalidad española. Personas que no llegan en patera, como les gusta afirmar a algunos partidos políticos, sino por los aeropuertos y las fronteras de Irún y La Junquera.
Según Eurostat, España ha sumado más de 1,2 millones de personas en lo que va de año, de los que 45.000 han llegado de forma irregular y, de ellos, más de 30.000 a Canarias. Entre 2021 y 2023 se han nacionalizado 190.000 personas, lo que debería alegrarnos, pues quizá esto permita cuadrar las cuentas de la Seguridad Social. Nadie se acuerda ya de la crisis económica, ni de que entre 2012 y 2017 tuvieron que emigrar de nuestro país más de 600.000 jóvenes. Si sigue esta tendencia, dentro de poco llegaremos a los 50 millones de habitantes que, sin embargo, no se distribuyen de manera uniforme por la geografía peninsular. La mayoría de los inmigrantes latinoamericanos se concentran en Madrid, mientras que los magrebíes trabajan en la agricultura en las provincias de Huelva, Almería o Murcia. ¿Se podría incentivar la repoblación de las zonas rurales y la «España vacía»? Podría ser un camino para convertirnos en un país más pleno y donde estén también mejor distribuidos los centros de poder. La polaridad Madrid-Barcelona y Norte-Sur ha hecho mucho daño en el ámbito político, y es uno de los motivos por los que no ha sido efectiva la solidaridad territorial.
Las políticas en los ámbitos más importantes deberían ser nacionales y no autonómicas, al menos en los aspectos esenciales, para fomentar una idea de país, y no depender de las necesidades de gobierno. Madrid es la comunidad autónoma más rica, pero también la que menos invierte en sanidad. ¿No debería ser lo contrario? Las comunidades con mayor capacidad económica quieren que esta se refleje en el sistema de financiación común, y quizá eso tendría sentido si dedicasen esos mayores ingresos a mejorar los servicios públicos esenciales. Pero no es el caso. Mientras la comunidad de Madrid está privatizando esos servicios, Cataluña ha dedicado demasiados recursos a embajadas en el extranjero y a las cuentas de la independencia, que no terminan de cuadrar. Para independencia, la de los inmigrantes. Ellos sí que saben lo que cuesta.
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